Por desconocimiento, miedo y temor al “qué dirán”, mujeres que forman parte de los concejos de comunidades indígenas con autogobierno que hay en Michoacán, reconocieron la problemática de violencia de género que se vive en sus lugares de origen, donde la autonomía sirve a los agresores como escudo para no ser sancionados y a las autoridades para no actuar en casos de violencia feminicida.
Convocada a un conversatorio con el que se busca definir una agenda de trabajo que revise los mecanismos institucionales que existen para atender la violencia de género en función de la autonomía, Aída Santos, concejala Tesorera de la comunidad de La Cantera localizada en el municipio de Tangamandapio, habló de su experiencia y de lo que ha visto a lo largo de su vida.
Ante un reducido auditorio, denunció que las mujeres indígenas “muchas veces ni saben que son violentadas”, y sufren en silencio en espera de que su agresor “no las siga pisoteando”, temerosas de no tener dinero y de enfrentar más violencia..
“Decimos ‘Y si lo dejo ¿qué va a pasar?’ No me va a dar dinero, no voy a tener dinero para mis medicamentos, mis hijos, mi estatus sociales, por detalles estamos aquí sufriendo estas agresiones, pero también depende de nosotros para decir hasta aquí. Es muy difícil aceptar un cambio, pero cuando se logra se ve la felicidad y salimos de este enfrascamiento y vemos todo un cambio favorable. “.
En el conversatorio, las concejalas de 16 comunidades con autogobierno fueron también asesoradas por integrantes de la Mujeres Andando Procesos por Autonomías Sororales (MAPAS), que encabeza Sofía Blanco Sixtos, quien advirtió que la autonomía es utilizada como un escudo protector por violentadores de mujeres y por las propias autoridades, que alegan este factor para no intervenir ante agresiones que ponen en riesgo la vida de las indígenas.
Afirmó que el problema de violencia de género va en incremento en las comunidades con autogobierno, donde cada vez más niñas y adolescentes sufren abuso sexual principalmente de familiares, mientras que los hombres se protegen para no ser sancionados y “cuesta mucho” que las autoridades comunitarias actúen.
“Han ocurrido feminicidios, ha habido tentativa de feminicidios dentro de las comunidades y lamentablemente para nosotras el reto sigue siendo la Fiscalía, porque por un lado dicen yo no puedo entrar porque son autoridades autónomas y vemos que tanto el síndico del municipio como de la propia Fiscalía busca que haya un acuerdo reparatorio, cuando en un caso de feminicidio, de tentativa de feminicidio tiene que irse a juicio”.
La activista advirtió que este problema ha registrado un incremento exponencial, ya que mientras en 2023 MAPAS atendió 15 casos de violencia de género en comunidades con autogobierno, este año ya suman 10 casos de feminicidios, tentativa de feminicidios y abuso sexual infantil.
