Tras considerar acreditado el acopio y portación de armas, cartuchos y cargadores de fuego de uso exclusivo de corporaciones de seguridad federales, la jueza Cyntia Montes de Oca Miranda, vinculó a proceso a los 164 presuntos integrantes de la organización “Pueblos Unidos” detenidos hace una semana, a quienes además resolvió como presuntos responsables del delito de “pandilla”.
La continuidad de la audiencia inicial se prolongó este domingo por cerca de 12 horas, en las que los detenidos atestiguaron el desarrollo desde el Centro de Reinserción Social de Delitos de Alto Impacto, en tanto los defensores se conectaron vía virtual.
Abogados informaron que se reclasificaron los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la imputación de los detenidos, mientras que la jueza tomó la resolución de acuerdo al número de armas que se encontraron en los vehículos, si se encontraban o no abastecidos los cargadores, los chalecos, fornituras, y el rótulo en 3 de las unidades.
La jueza de control, relató que la detención se realizó el sábado 13 de agosto a las 12 horas con 3 minutos, cuando se alertó a 57 elementos de corporaciones estatales y federales de la movilización de un convoy de vehículos con personas armadas que se trasladaban por una brecha, desde Toreo El Alto rumbo a la comunidad de Tiamba, en Uruapan.
Precisó que al trasladarse se encontraron con 24 vehículos, encabezados por una camioneta Tahoe blanca blindada, a los que con altavoces se les ordenó detenerse, a lo que hicieron caso de inmediato.
Detalló enseguida, los nombres de los elementos que se hicieron cargo de cada una de las unidades, las personas que aseguraron viajaban en cada una y las armas, cargadores, fornituras, y balas que informaron haber encontrado.
De acuerdo a la información aportada, la juzgadora señaló durante la audiencia que se acreditó que en los 24 vehículos se trasladaban 225 armas, 639 cargadores, 20 mil 236 cartuchos, 104 chalecos tácticos y 25 fornituras.
La defensa de los 164 hombres detenidos el sábado 13 de agosto, fue encabezada por 15 grupos de abogados, de los cuales, sólo una litigante aportó algunas entrevistas como medios de prueba a favor de sus representados, el resto se reservó su derecho para exhibir medios o datos de prueba.
No obstante, a lo largo de casi 6 horas de argumentación, los abogados exhibieron una serie de inconsistencias, contradicciones, falsedad de información y carencia de pruebas en los informes que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), para acreditar la posesión de armas de fuego de los detenidos y acreditarles el agravante de tener más de 3 armas, para duplicar la pena.
Señalaron que los hombres no fueron detenidos en flagrancia del delito, ya que primero fueron obligados a bajar de los vehículos y hasta cerca de 2 horas después, se les informó del hallazgo de las armas.
También explicaron que fue materialmente imposible que los elementos a cargo de la detención, pudieran acreditar al mismo tiempo las personas que viajaban y las armas que se portaban en vehículos muy distantes unos de otros.
Detallaron que incluso hubo detenidos a los que se les consignó en distintas unidades, y algunos que no se les tenía como acreditados en el grupo por ninguno de los elementos de seguridad a cargo de la detención.
En reiteradas ocasiones solicitaron a la juez no considerar los informes de balística aportados, al señalar que el dictamen se reportó listo horas antes de que las armas y demás material bélico se entregara, además de que ni siquiera se contabilizó en el momento el número de armamento asegurado.
Sin embargo, la juzgadora a cargo, señaló que los argumentos no fueron suficientes para echar abajo la teoría de la Fiscalía General de la República y ningún abogado aportó datos de prueba.
La jueza dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que los detenidos se mantendrán en el Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez” en tanto se desarrolla el proceso, además otorgó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, que vencen el 20 de octubre de este año.
