Por votación unánime, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, en la elección de la gubernatura de Michoacán, pese a reconocer que se acreditó la coacción y presión del crimen organizado hacia el electorado, los funcionarios de casillas y los candidatos en 4 municipios del estado, así como la violación a la veda electoral.
El magistrado ponente, Indalfer Infante Gonzáles expuso que PRI-PAN-PRD no lograron acreditar que el resultado de la elección haya sido producto de una serie de conductas irregulares y sistemáticas, que hayan puesto en riesgo los resultados del proceso electoral y la libertad del sufragio.
Explicó que las pruebas aportadas no permitieron probar un contexto generalizado de presencia del crimen organizado, sino sólo en los municipios Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.
“En el presente caso aún considerando el contexto de la elección y la presencia del crimen organizado en algunas partes del estado no se advierte que haya existido una situación de violencia generalizada en toda la entidad, o con impacto en toda la elección, sino solo unas situaciones generalizadas en 4 municipios”.
A partir de aquí, se dejó sin efecto la votación en 129 casillas, es decir, 2.1% del total instaladas en todo el estado, lo que no modificó los resultados electorales.
Sin embargo, otros magistrados se refirieron a casos específicos de violencia
Por ejemplo, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, señaló que “en La Huacana diversas personas obligaron a los ciudadanos a votar a favor del aspirante de Morena y votar públicamente en las casillas 2668-B y 579B de Tierra Verde y el Lindero; en Múgica, se desalojó a los representantes partidistas únicamente los de Morena; en Gabriel Zamora, civiles armados tomaron las boletas de las casillas 467, 468, 469, 477 y 478, y las marcaron a favor del partido y volvieron a depositarlas en las Urnas; en Nuevo Urecho, hubo un bloqueo en la autopista”.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, afirmó que “existieron actos de intimidación y presión consistentes en impedir la presencia de representantes de partidos en casilla por hombres armados, secuestro de presidente de una mesa de casilla, quema de boletas electorales”.
En tanto, en el proyecto, el magistrado Indalfer Infante describió que no se logró comprobar el supuesto “embarazo de urnas”, pero sí el acto proselitista a favor de Alfredo Ramírez que realizó el sindicato minero de Lázaro Cárdenas, lo que reconoció como irregularidad, sin embargo, consideró que “no se puede extender las consecuencias de un acto a toda la elección de un distrito”.
También se refirió a las 4 conferencias de prensa “mañaneras”, en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la cancelación de la candidatura de Raúl Morón Orozco, pero evaluó que tal hecho “no tiene alcance para incidir en la contienda”.
No obstante, describió que el delegado de Morena, Raúl Morón Orozco sí violentó la veda electoral con la conferencia de prensa que ofreció el 4 de junio, ya que se hicieron alusiones a la 4T y se descalificó al candidato opositor al acusarlo de “tener una red de compra-venta de votos”, sin embargo, aseguró que “no se puede acreditar que haya tenido impacto en los resultados.
Al respecto, la magistrada Janine M. Otálora Malasis, consideró que si bien esta falta no fue suficiente para anular la elección, quedó demostrado que sí afectó la certeza de la elección, por lo que se pronunció porque se inicie un procedimiento sancionador.
La propuesta fue votada por unanimidad, mientras que 2 magistrados se pronunciaron en contra del planteamiento del magistrado, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para que se dé parte al Instituto Nacional Electoral (INE) para la creación de una política nacional que prevenga la incidencia de grupos criminales en el desarrollo del proceso electoral en zonas con alta inseguridad.
La resolución del TEPJF se concretó cerca de las 2 de la mañana del plazo límite, este 30 de septiembre.
