Morelia, Michoacán.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), planteó que sea reformado el artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, para que se aplique la equidad salarial entre hombres y mujeres que desempeñen las mismas funciones.
Ante el pleno del Congreso estatal, el legislador argumentó que a pesar de que está estipulado en el artículo 4 de nuestra Constitución, que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”, esta norma no es siempre aplicada en la realidad; situación que abre la brecha de la desigualdad entre las mujeres y más cuando a muchas les toca ser madres solteras.
“Los hombres y la sociedad en conjunto, debemos de reconocer el aporte y el sacrificio que día a día hacen millones de mujeres trabajadoras en su mayoría integrantes de los órganos del estado, sin embargo, este sector aún sufre actos de injusticia, discriminación y de inequidad, en especial en temas tan sensibles como lo son sus salarios”, expuso el diputado por el Distrito 22 de Múgica.
Dijo, que hacer efectiva la equidad entre hombre y mujeres trabajadores, es una de las consignas que el PT impulsa a nivel nacional y señaló que no basta con que la mujer sea celebrada y/o reconocida por parte de las instituciones, puesto que es indispensable brindar las oportunidades para generar las condiciones de igualdad y hacer válida la conmemoración del 8 de marzo (Día de la Mujer) y que esa lucha sirva como reconocimiento a sus derechos.
“Resulta indignante cuando revisamos las estadísticas y nos muestran que prevalece la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector productivo; en términos reales puede considerarse como una agenda pendiente en la que todas y todos debemos de abonar para hacer válido el mandato que establece que: a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo, práctica que aún no es una realidad generalizada”, indicó.
Por último, hizo un llamado a los legisladores michoacanos a sumarse a esta iniciativa del GPPT, para cesar la discriminación salarial por sexo y garantizar una plena equidad laboral, que aunque desde hace años es un mandato constitucional no ha sido aplicado a cabalidad.
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