Morelia, Michoacán.— La diputada local del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez urgió a revisar y actualizar la política pública en materia de alerta de violencia de género en Michoacán, al advertir que actualmente no existe un protocolo para retirar a los municipios de dicha alerta, a pesar de que en algunos casos se ha registrado una disminución en los índices de violencia.
En entrevista, la legisladora lamentó que el debate en el Congreso se haya desviado de temas de fondo, como el análisis técnico de los datos, y consideró preocupante la falta de conocimiento sobre herramientas clave, como el banco de datos que permite dar seguimiento a la incidencia de violencia en los municipios.
“Existe una ley para subir a un municipio a alerta de violencia de género, pero no existe un protocolo para irla erradicando, para decir cuándo un municipio ya puede salir de esa alerta”, señaló.
Caratachea explicó que, durante su gestión en el municipio de La Piedad, se trabajó con información sistemática que permitió observar una disminución en los casos de violencia, resultado dijo de acciones coordinadas a nivel municipal.
“Sí ha habido una disminución de la violencia en La Piedad y eso se puede visualizar; ha sido gracias al trabajo que se ha realizado desde el municipio”, afirmó.
La diputada subrayó que actualmente los 14 municipios con alerta de género permanecen sin modificaciones, pese a que existen otros con altos índices de violencia que no han sido incorporados, lo que evidencia la necesidad de una revisión integral.
Asimismo, advirtió sobre la insuficiencia de refugios para mujeres víctimas de violencia, al señalar que en Michoacán solo existen tres refugios para una población de más de 2.5 millones de mujeres, lo cual calificó como alarmante.
“Tres refugios para todo el estado de Michoacán es muy poco; hay regiones completas, como la mía, donde no existe ninguno”, expresó.
En cuanto al trabajo legislativo, Caratachea Sánchez reconoció que existe voluntad dentro de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, aunque consideró que hace falta mayor injerencia y acciones concretas, especialmente en la atención de la violencia política y de género al interior del propio Congreso.
Finalmente, informó que se acordó revisar los casos de violencia denunciados por diputadas y buscar la construcción de un protocolo interno que permita atender y erradicar este tipo de conductas, al tiempo que reiteró el llamado a dictaminar iniciativas pendientes relacionadas con la materia.
