El pasado miércoles 19 de julio el H. Cabildo de Morelia aprobó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), después de un amplio proceso de consulta en el que, según información del Presidente Municipal, se registraran más de 16 mil interacciones en el sitio web del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), que dieron se tradujeron en 4,700 adecuaciones al proyecto inicial. Sin duda, se trató de un acierto de la autoridad municipal, y es de celebrar su interés por marcar un rumbo al desarrollo, al menos hasta el año 2040.
La experiencia nos ha demostrado que cada administración (municipal o estatal), en su momento ha elaborado “su plan” con las mejores intenciones y con los recursos técnicos disponibles, pero nunca se le ha dado continuidad al proyecto precedente, de aquí que sea inevitable el cuestionamiento:
¿Se puede lograr mantener el rumbo en el desarrollo de la ciudad hasta el 2040?
La respuesta resulta sumamente compleja, de hecho, desde 1994 cuando se crea en la ciudad de León, Guanajuato. el primer instituto de planeación municipal del país (hoy suman 65), los gobiernos municipales, en su mayoría de extracción panista, buscaron al reproducir el modelo seguido en Curitiba, Brasil, garantizar la continuidad de la planeación. Traigo al tema este antecedente, porque durante la sesión del H. Cabildo se señaló: “la necesidad de invertir más recursos en el Instituto Municipal de Planeación de Morelia para garantizar una mayor atención al tema”.
Para entender por qué resulta casi imposible pensar en una planeación a largo plazo, es preciso revisar algunos antecedentes: La planeación inicia en México con el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, cuando, en 1930, se publicó la Ley sobre Planeación General de la República, con el objetivo de imitar algunos modelos de ciudades europeas, así se elaboró el primer plan nacional con usos, planeación y zonificación, red de vías de comunicación, etc.; fue algo tan novedoso que para llevarlo a cabo se creó la primera Comisión Nacional de Planeación, dependiente directamente del Presidente, Obras Públicas, y diversas secretarías e instituciones que gestionaban proyectos urbanos.
Fue así como las diversas secretarías se abocaron a realizar diagnósticos estadísticos, geográficos y demás información, pero que no se contemplaban aspectos económicos. El Gral. Lázaro Cárdenas, en 1933, elaboró el primer Plan Sexenal, y a partir de ese momento sus sucesores han continuado elaborando un plan con los objetivos a alcanzar durante su sexenio, pero siempre bajo el principio de marcar un rumbo distinto al periodo anterior. Lo mismo acontece en la esfera estatal y municipal.
A partir de 1940, en México se presentó un crecimiento de las ciudades, principalmente por una constante migración, y las ciudades comenzaron a ser el centro de atención de la política gubernamental, siendo uno de los principales objetivos alcanzar una distribución equitativa de la población en las distintas regiones, y pese a los esfuerzos y el surgimiento de la planeación regional, no se alcanzó el anhelado equilibrio, por el contrario, se propició la excesiva concentración industrial en la capital del país.
Casi 80 años después, con la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos en 1979 se institucionalizó en México la planeación urbana, al establecer no sólo el marco normativo, sino la obligatoriedad y la metodología a seguir en materia de planeación urbana. La creación de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) fue con el motivo de promover y estandarizar la forma de hacer planeación. En poco más de 40 años poco se ha avanzado en la conceptualización de la planeación, pero se advierte una clara tendencia a engrosar la parte del diagnóstico, de ahí que se mencione que las ciudades están sobrediagnosticadas, en detrimento de su carácter sustantivo, y año con año se observa que las ciudades se desarrollan y se alejan de las previsiones planteadas.
Uno de los principales productos de la elaboración de planes reflejó la idea de una ciudad estática donde se plasman gráficamente los lineamientos de una imagen, objetivo a alcanzar a largo plazo por la ciudad, y donde se establece un conjunto de normas de entre las que destaca la definición de usos del suelo. Lo que ha quedado demostrado en México es que se tiene una amplia experiencia en la elaboración de planes, a sabiendas de que no se materializaran debido a las deficiencias en materia de administración urbana. En otras palabras, una cosa es lo que se planea a futuro y otra las autorizaciones que se otorgan por la administración municipal.
Si se desea mantener un mismo rumbo en el desarrollo de la ciudad, una condición sine qua non es la difusión de la información y la apropiación del proyecto por parte de los habitantes de la ciudad. La experiencia en algunas ciudades de Latinoamérica es la divulgación del Plan de Desarrollo de forma similar a diarios y periódicos. El día que los habitantes de una ciudad conozcan cuáles son los usos de suelo autorizados en su calle o en su colonia, así como los niveles máximos de construcción permitidos, ellos mismos se encargarán de vigilar que se cumpla y de denunciar cualquier violación a lo establecido. Claro está que dicha transparencia compromete a la propia autoridad y evita las autorizaciones posteriores que, de forma discrecional, por interés propio o de compromisos políticos, otorga la autoridad en turno al margen de los establecido en el plan.
Hay que comprender que aún queda mucho por recorrer, sólo basta con preguntarse cuantos habitantes, hoy en día, conocen la ciudad que se busca tener al 2040. Aún y cuando se hable de 16 mil interacciones, se trata de un porcentaje marginal con relación a la población total y, además, seguramente se trata de profesionistas, promotores y propietarios directamente involucrados con el campo inmobiliario. El gran reto es que cualquier habitante de Morelia conozca cuál es la ciudad que se desea tener en el futuro y porqué debe contribuir a lograrla, es decir, cuáles son los beneficios que recibirá.
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