Cuando el sociólogo francés Henri Lefebvre acuñó, en 1967, el concepto del “Derecho a la Ciudad”, se refería a dos momentos distintos: el derecho a apropiarse de los espacios urbanos, desde cuya perspectiva adquiere relevancia inusitada el uso del espacio público y, en segundo término, pero no menos importante, al derecho de participar en los procesos de toma de decisiones, es decir, en la escala de la planificación de las ciudades, a fin de impulsar la transformación del espacio urbano.
Hoy, a casi 50 años de distancia, se ha avanzado poco, sobre todo si se comprende, como bien lo explica Manuel Castells: la ciudad no es otra cosa que la concesión material de la sociedad en el territorio. En otras palabras, si la ciudad no permite ni garantiza la movilidad segura de las mujeres, si constituye una zona de alto riesgo el uso del transporte público o el transitar por la noche, debemos de entender que los cambios realizados en lo social sobre igualdad y equidad de género no han sido tan profundos como para dejar su impronta en la ciudad.
Lamentablemente, desde esta perspectiva debemos asumir que los reclamos que se exacerban cada 8 de marzo, no han logrado mayor transformación. Tal vez ante la ignorancia y cerrazón del gobierno, que reduce su preocupación ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a la colocación de vallas, dispositivos de seguridad y acciones para restaurar los inmuebles de pintas, consignas y cristales quebrados, sin comprender que se trata de un grito desesperado y un reclamo legítimo de poder vivir la ciudad a plenitud.
Se le han puesto muchos nombres, como: urbanismo feminista, urbanismo con perspectiva de género, ciudades feministas, ciudad de ellas y muchas otras denominaciones que versan sobre un mismo concepto: una ciudad para todos y todas, donde se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, en sus contextos sociales y culturales específicos.
Por siglos se asumió que lo público era del hombre y lo íntimo de la mujer, la casa y la calle, dos dimensiones distintas y excluyentes en aparente equilibrio. El problema para todos, no sólo para las mujeres, es que la sociedad ha cambiado; cada vez los roles entre hombres y mujeres son más similares en las tareas del hogar y del trabajo, sin embargo, la ciudad parece no reflejar esos cambios.
El paradigma de la ciudad con perspectiva de género va más allá de las mujeres, busca garantizar una ciudad para todos: niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas con discapacidad, con preferencias distintas, una ciudad que refleje lo diverso y diferente que somos.
El cambio se impulsa desde varios ejes, los básicos consisten en cambiar las prioridades de la ciudad con base en componentes urbanos como suelo, vivienda y transporte, para poner la vida cotidiana al centro de los procesos de planificación urbana. Un segundo cambio consiste en incorporar el conocimiento generado desde la experiencia cotidiana de las mujeres. Finalmente, se trata de refundar nuestras ciudades, de garantizar en los procesos urbanos la transversalidad de la perspectiva de género. Comencemos con el Derecho de las Mujeres a la Ciudad para lograr alcanzar el Derechos de todos a la Ciudad.
