Luego de lanzar en redes sociales una polémica campaña en la que ofrecía recompensas de 5 a 10 mil pesos a quienes denunciaran a un familiar involucrado en actividades delictivas, el diputado local Carlos Bautista Tafolla confirmó que ya ha recibido un “bonche” de reportes, aproximadamente 30 denuncias, aunque ninguna corresponde a personas que hayan señalado a sus propios hijos o parientes.
El legislador del llamado Movimiento del Sombrero afirmó que su prioridad es la seguridad, al advertir que “sin seguridad no tenemos absolutamente nada”, y que la región continúa en duelo por el asesinato de un líder empresarial en Uruapan. Señaló que el lugar del homicidio se mantiene como punto de reunión donde ciudadanos acuden a rezar, dejar pancartas y música, mientras las autoridades federales continúan con las investigaciones.
Sobre el clima social, descartó desplazamientos recientes de familias por violencia; por el contrario, dijo que han llegado personas provenientes de Tierra Caliente, según su percepción.
Respecto a su convocatoria de recompensas, Bautista Tafolla detalló que las denuncias recibidas se refieren principalmente a lugares donde presuntamente viven delincuentes, puntos de venta de droga y números de extorsión, pero no a familiares, como planteaba su campaña.
Explicó que muchas personas no solicitan la compensación económica por “miedo” y por falta de confianza en la Fiscalía: “Lo raro es que no me piden el tema económico… como que hay un cierto miedo y no creen en la fiscalía”, dijo.
Expuso que en casos de extorsión pide a los denunciantes que reporten directamente al 089 y le compartan el número de folio para dar seguimiento.
El diputado insistió en que denunciar a tiempo puede evitar tragedias, mencionando el caso reciente donde un menor dejó una carta antes de cometer un asesinato, afirmando que la intervención de su madre pudo haber evitado el hecho.
Carlos Bautista añadió que está dispuesto a atender denuncias de otros municipios “hasta donde alcancen los recursos”, pues las prerrogativas que recibe, dijo, “son de la gente”. Aseguró que no puede comprometer su patrimonio personal, pero sí acompañar, asesorar y canalizar cada caso.
Finalmente, el legislador señaló la necesidad de legislar sobre los centros de rehabilitación, a los que calificó como espacios que, en ocasiones, se convierten en focos de reclutamiento. Consideró que las condiciones de esos lugares, así como de los penales, son “deplorables”, por lo que urge una revisión y regulación más estricta.
