Morelia, Mich.- Desde el presunto fusilamiento de 20 personas en marzo del 2022 en San José de Gracia, localidad que pertenece al municipio de Marcos Castellanos, ha sido complejo lograr que elementos policiales permanezcan en las filas de la policía municipal, admitió el alcalde Jorge Luis Anguiano Partida.

En entrevista, refirió que han tenido dificultades para contratar personal en el área de seguridad pública, “por supuesto que después de aquel evento no es fácil, inclusive, tener policías que quieran trabajar, pero afortunadamente les digo por la zona en la que estamos y la capacidad económica que tiene Mazamitla por el turismo, hubo un reforzamiento fuerte por parte de los estados y sí hubo una mejora muy considerable”, expresó.
El edil dijo que no se puede dejar de reconocer la presencia de grupos criminales en esta zona, pero se ha mantenido una situación muy tranquila, “después de aquel desafortunado evento”.
“Sí, tengo ahorita 18 en activo (policías municipales), de acuerdo al Secretariado deben ser sobre 22 o 23, es complicado, pues, desde aquel evento se salían uno, dos, tres, cinco, siete, sin miedo a equivocarme unos 35 o 40 han renunciado, de repente como que sí les da pendiente”, indicó.
El munícipe admitió que las condiciones en las que las policías laboran en todo el país no son las óptimas, “se arriesgan mucho y ganan poco”, porque no están dadas las circunstancias para hacer una corporación muy muy sólida.
Si bien, con los recursos Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ), se fortalecieron con patrullas, equipamiento y capital humano, los salarios mensuales se encuentran, entre los 9 mil 500 y 10 mil 500 mensuales, además de que no tienen seguro de vida.
“El problema de nosotros es que nadie te los quiere asegurar, ninguna seguridad, es más, nosotros no podemos acceder a un seguro de vida como presidentes municipales, si eres un actor político como somos blancos fáciles, creo que andamos por todos lados, es complicado”, dijo.
A esto sumó los limitados recursos con los que se cuenta el municipio para que tengan seguro social, por el riesgo de trabajo, lo que hace más complicado el acceso a derechos que son necesarios para este sector.