Representantes del transporte concesionado en Michoacán entregaron al Congreso del estado dos iniciativas con las que buscan regular la operación de plataformas y taxis ejecutivos, además de garantizar certeza jurídica en temas de concesiones, permisos emergentes y reactivaciones, al acusar que el gobierno estatal ha privilegiado obras costosas sin resolver de fondo la crisis del transporte público.
Durante el encuentro con diputados, los transportistas señalaron que miles de familias dependen de esta actividad y denunciaron que no existe una política pública que realmente mejore sus condiciones de vida ni modernice el servicio en beneficio de usuarios y concesionarios.
En ese contexto, criticaron proyectos como el teleférico y el Morebús, al considerar que representan inversiones millonarias que no atienden los problemas estructurales de movilidad en Morelia y el estado. “No estamos en contra de la modernidad, estamos a favor del desarrollo, pero un desarrollo sustentado en estudios técnicos, socioeconómicos y de campo”, expusieron.
Una de las propuestas entregadas plantea hacer obligatorio que las unidades de plataformas y taxis ejecutivos porten distintivos visibles y estén debidamente registradas, con el argumento de que actualmente operan en condiciones distintas al transporte concesionado, cuyos operadores sí deben cumplir con licencias de servicio público, pago de placas, permisos y otras obligaciones legales. Los transportistas insistieron en que no buscan impedir que trabajen, sino que exista “piso parejo” para todos los prestadores del servicio.
La segunda iniciativa se refiere a concesiones, permisos emergentes, reactivaciones y debido proceso, al sostener que estos asuntos no pueden resolverse únicamente por la vía administrativa ni mediante decretos que, dijeron, terminen colocándose por encima de la ley. Los promoventes afirmaron que cualquier afectación a sus derechos debe resolverse en tribunales y con sustento jurídico, no por determinaciones discrecionales de la autoridad administrativa.
Además, acusaron falta de diálogo por parte del gobierno estatal y adelantaron que presentarán denuncias ante la Auditoría Superior de Michoacán, la Contraloría y el propio Congreso para que se revise el manejo de recursos del Instituto del Transporte, al señalar que en los últimos tres años se han ejercido más de 200 millones de pesos sin que, a su decir, exista transparencia ni mejoras visibles en las calles. También aseguraron que hay inconformidad entre el gremio por medidas que, afirman, han afectado a unas 8 mil familias de taxistas con el ingreso de plataformas como Uber.
Por su parte, desde la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso se aseguró que el Poder Legislativo no será una “oficialía de partes” del Ejecutivo y que las iniciativas serán revisadas con apertura.
Los diputados afirmaron que no están en contra del desarrollo ni de la modernización del transporte, pero coincidieron en que antes de impulsar obras de alto costo debe atenderse la movilidad cotidiana de la mayoría de la población, con mejores rutas, unidades, calles en buenas condiciones y reglas claras para todos los actores del sector. Según se informó, ambas propuestas serán turnadas al pleno y posteriormente a comisiones para su análisis.
