Decenas de transportistas de carga de Michoacán se manifestaron en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar la instalación de presuntos puestos de revisión ilegales en el municipio de Taretan, donde, acusaron, se realizan actos de extorsión contra turistas, pasajeros y operadores de tractocamiones.
Alfonso Ochoa Sánchez, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), señaló directamente al nuevo fiscal de Investigación Criminal, como responsable de la operación de estos puntos de revisión y quien pide hasta 200 mil pesos a los transportistas por liberar los tractocamiones articulados.
“El motivo de esta manifestación es el hartazgo por el nuevo fiscal de Investigación Criminal, Valerio. Que viene huyendo desde Chiapas y desde que llegó tiene el problema más agudo en Taretan, robando a pasajeros, a turismo que va a Ixtapa, abriendo contenedores que vienen directamente del puerto y no está perjudicando al violar sellos fiscales”, dijo.
El dirigente transportista expuso que la exigencia en la reunión sería el libre transporte, sin revisiones de rutina ni sanciones injustificadas.
“Venimos a pedir que nos dejen trabajar. Que nos dejen desarrollar la economía. La situación está bastante difícil y que nos metan a la cárcel porque no traemos una descripción en una tarjeta de porte. Que nos pongan gente capacitada y no madrinas”, añadió.
Una comisión de los transportistas ingresó a las oficinas de la FGR para exponer sus inconformidades y solicitar la intervención de las autoridades ante los presuntos abusos cometidos en los puntos de revisión.
Tras el encuentro, la FGR informó que se acordó investigar a las personas ajenas a la corporación que estarían participando en estas revisiones, así como retirar los puntos de control señalados por los transportistas.
Asimismo, se indicó que las investigaciones ministeriales continuarán únicamente cuando las personas, vehículos o mercancías estén vinculados con alguna carpeta de investigación, con el objetivo de evitar revisiones y detenciones que, según los transportistas, carezcan de sustento.
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