El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió de manera reciente tres asuntos, uno de ellos relacionado con violencia política por razón de género en contra de una funcionaria de un ayuntamiento, derivada de publicaciones realizadas en redes sociales por particulares.
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta del TEEM, Amelí Gissel Navarro Lepe, el caso se inscribió en el contexto de la violencia digital contra las mujeres, un fenómeno que ha cobrado relevancia en los últimos años. “Aquí hablamos de violencia digital o violencia en redes sociales, que ha sido uno de los temas muy recurrentes, que incluso el año pasado fue el tema de énfasis o de objeto por la ONU, el tema de la violencia digital contra las mujeres”, explicó.
En este asunto, el análisis se centró en el contenido de las publicaciones difundidas en redes sociales. “Aquí se acreditó violencia política por publicaciones en redes sociales en los que se denostaba su calidad de mujer. No era el tema de su función como servidora pública o del ámbito que desarrolla sus funciones, sino que había diversos comentarios que incidían en el hecho de ser mujer y en cuestiones relacionadas con su género, con su género de mujer, denostativas”, dijo.
Precisó que no se trató de una crítica al desempeño público, sino de expresiones dirigidas a la esfera personal. “Eran comentarios alejados de una crítica a las funciones, sino con la intención o el resultado de incidir en la esfera privada y particular de los derechos de una mujer”, se indicó.
Tras acreditar la violencia política por razón de género, detalló que se determinó la imposición de sanciones y una de ellas fue una amonestación y en el tema de violencia política por razón de género se mandan a inscribir en un registro nacional que hay de personas sancionadas.
Mencionó que dicho registro es de alcance federal. “Esto es por disposición legal, pero a nivel federal, a nivel nacional, no solo cuestión estatal, porque se lleva un registro, un control de estas personas que son sancionadas”, y puede tener efectos en el ejercicio de derechos político-electorales. Puede tener alguna repercusión o incidencia en caso de que quisiera ser contendiente para algún cargo”.
Además de la sanción, el Tribunal ordenó medidas orientadas a la restitución de derechos y a la prevención, para reivindicar los derechos vulnerados se ordenó eliminar las publicaciones, bajarlas y generar medidas de conciencia y de no repetición, “por ejemplo con cursos o cuestiones que sensibilicen y creen conciencia del impacto que tienen estos temas”, comentó.
Respecto a la libertad de expresión, se subrayó que esta se encuentra garantizada, pero tiene límites, ya que en este caso “no era una crítica hacia la labor o hacia la función”, sino expresiones que afectaban la dignidad humana de una mujer.
