El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán (TJAM), Hugo Gama Coria, informó que aunque en 2022 se incrementó en prácticamente 80% el número de investigaciones que la Secretaría de la Contraloría estatal (SECODAM) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) turnaron a esta instancia, sólo fueron sancionados 3 funcionarios de nivel medio y un particular.
Ante medios de comunicación, explicó que la principal dificultad que enfrentan para estar en posibilidad de castigar a los funcionarios públicos es que el 90% de las investigaciones que realizan los órganos fiscalizadores tienen deficiencias y no acreditan las presuntas irregularidades que aseguran, se cometieron.
Como titular de una de las 2 salas especializadas en materia anticorrupción, señaló que en 2021 recibieron un total de 80 investigaciones y en 2022, sumaron 142 asuntos nuevos, en las que se denuncian principalmente desvío de recursos, peculado y cohecho.
Explicó que de las 64 sentencias que se emitieron, solo se dictaron 3 sanciones contra servidores públicos de nivel medio; una funcionaria de Angamacutiro que fue castigada por inhabilitación de 7 años; uno de Pátzcuaro que se inhabilitó para un año y otro más al que se le sancionó con una multa de 3 mil 500 pesos, pero no se dijo de dónde era.
El presidente del órgano jurisdiccional, precisó que en el caso del residente de obra, el caso corresponde a Morelia, donde el trabajador particular firmó unos documentos en los que aseguraba que el proyecto se había terminado, para que les pudieran hacer el pago, pero cuando la autoridad fue a revisar seguía inconclusa, por lo que fue inhabilitado por un año para participar en licitaciones de ayuntamiento o el estado.
Señaló que en el caso de la Contraloría estatal, solo les turnó 13 asuntos, principalmente en temas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), así como agroalimentarios.