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Sólo 3 funcionarios y un particular, sancionados en 2022 por el Tribunal de Justicia Administrativa

El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán (TJAM), Hugo Gama Coria, informó que aunque en 2022 se incrementó en prácticamente 80% el número de investigaciones que la Secretaría de la Contraloría estatal (SECODAM) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) turnaron a esta instancia, sólo fueron sancionados 3 funcionarios de nivel medio y un particular.

Ante medios de comunicación, explicó que la principal dificultad que enfrentan para estar en posibilidad de castigar a los funcionarios públicos es que el 90% de las investigaciones que realizan los órganos fiscalizadores tienen deficiencias y no acreditan las presuntas irregularidades que aseguran, se cometieron.

“3 servidores públicos y un particular que han sido sancionado, pero eso tiene que ver con la calidad del trabajo de los órganos de control, los investigadores de la Secretaría de la contraloría y de la Auditoría Superior de Michoacán, yo les he dicho a ellos en las pláticas que hemos tenido, en las capacitaciones que les hemos dado, la obligación de investigar, de armar sus carpetas”.

Como titular de una de las 2 salas especializadas en materia anticorrupción, señaló que en 2021 recibieron un total de 80 investigaciones y en 2022, sumaron 142 asuntos nuevos, en las que se denuncian principalmente desvío de recursos, peculado y cohecho.

Explicó que de las 64 sentencias que se emitieron, solo se dictaron 3 sanciones contra servidores públicos de nivel medio; una funcionaria de Angamacutiro que fue castigada por inhabilitación de 7 años; uno de Pátzcuaro que se inhabilitó para un año y otro más al que se le sancionó con una multa de 3 mil 500 pesos, pero no se dijo de dónde era.

El presidente del órgano jurisdiccional, precisó que en el caso del residente de obra, el caso corresponde a Morelia, donde el trabajador particular firmó unos documentos en los que aseguraba que el proyecto se había terminado, para que les pudieran hacer el pago, pero cuando la autoridad fue a revisar seguía inconclusa, por lo que fue inhabilitado por un año para participar en licitaciones de ayuntamiento o el estado.

Señaló que en el caso de la Contraloría estatal, solo les turnó 13 asuntos, principalmente en temas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), así como agroalimentarios.

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