Sin permitir el acceso a los representantes de los medios de comunicación, en audiencia que inicialmente se consideró pública, el periodista Javier Favela Gerónimo comparece este 22 de diciembre ante la Unidad de lo Contencioso del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por el expediente que abrió la Secretaría General del órgano electoral en su contra, por la queja que presentó la diputada del PAN, Liz Alejandra Hernández por presunta Violencia Política de Género.
Minutos antes de la hora señalada para el inicio, el personal del IEM -que cubrió su gafete para impedir que se conociera su nombre-, informó que solo podía ingresar el periodista y su abogada, por lo que la audiencia se desarrolló a puerta cerrada.
Tras más de 2 horas la representante legal del comunicador, Mónica Ferreyra García confirmó que durante prácticamente todo el día se desahogarán pruebas y alegatos, en demanda de que se exima totalmente de responsabilidad “total y absoluta” no solo al periodista sino al medio de comunicación.
“Se reserva el daño moral, que absuelva a La Voz (de Michoacán) y disculpa pública para Javier Favela y el daño moral que pueda generarse al representado”.
Los hechos derivan de la nota informativa que redactó el periodista el pasado 24 de octubre, al dar cobertura a las declaraciones del dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova en conferencia de prensa, y que fue publicada en el medio de comunicación “La Voz de Michoacán”, bajo el siguiente encabezado:
“Traición al Frente Amplio: PRD. Diputados del PAN vendidos a Morena”.
Tras los señalamientos del dirigente, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), presentó queja contra Octavio Ocampo “por hechos presuntamente constitutivos de Violencia Política contra la Mujer por Razón de Género”, en la que se aportó como medio de prueba la nota informativa de Javier Favela.
Al resolver el caso, la secretaría General del IEM resolvió una serie de medidas cautelares contra el medio de comunicación y el periodista; a La Voz de Michoacán ordenó “no reimprima la publicación anunciada ni las replique en ningún otro ejemplar o medio electrónico”.
En tanto a Javier Favela se le vinculó “a efecto de que evite realizar alusiones personales de la diputada en las notas periodísticas de su autoría, que constituyan Violencia Política contra la Mujer en razón de Género”.
Tras la resolución, el periodista denunció una serie de presuntas irregularidades, ya que el IEM nunca solicitó el video o audio de la conferencia de prensa de la que derivó la declaración del dirigente perredista, mientras que el medio de comunicación no recibió solicitud de aclaración de alguno de los actores involucrados.
Además, señaló conflicto de interés ya que el coordinador de lo Contencioso Electoral, César Edemir Alcántara, es cónyuge de una de las colaboradoras de la legisladora denunciante, Veneranda Ceja Vargas, por lo que debió excusarse de conocer el asunto.
Sin embargo, a la audiencia de este viernes, no acudió la diputada denunciante ni tampoco un representante legal, pese a que pudo hacerlo vía electrónica; tampoco se presentó el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova ni tampoco algún abogado acudió en su nombre, pese a que emitió las declaraciones que provocaron la denuncia por presunta violencia política por razón de género.
Por el contrario, la abogada denunció que las pruebas que se solicitaron fueron presentadas de manera extemporánea.
“Lamentamos que la supuesta denunciada o víctima no esté compareciendo en este momento ni vía electrónica, porque tuvo derecho a ese medio, tampoco vía presencial lamentamos mucho que haya acto de molestia, que haya apercibimiento, que haya una total descalificación a un trabajo periodístico, por una nota firmada, que me parece de lo más absurdo, puesto que esto es una labor, es un trato discriminatorio hacia el profesional de la comunicación.”
Sin atreverse a considerar que la audiencia debió ser pública debido a que todavía se encontraba en proceso, la abogada señaló que la controversia incluso obliga a que cuestionar el reglamento interno del IEM, ya que en lugar de actuar con transparencia y claridad, su actuación es contraria a la norma constitucional y los derechos humanos.
