Periodistas que forman parte del colectivo #NiUnoMás Michoacán, solicitaron a la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH), promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal del estado por la que se tipificó la Apología del Delito que propuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y aprobó este miércoles el Congreso de Michoacán, sin parlamento abierto, como habían comprometido algunos legisladores.
En la petición escrita que se hizo llegar de manera personal al titular de la CEDH, Marco Antonio Tinoco Álvarez, se argumentó que la modificación “viola de manera grave y sistemática los derechos humanos a la libertad de expresión, legalidad penal y seguridad jurídica.”
El colectivo precisó que en el artículo 24 se crea el Capítulo VII, “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”, en el que se “establecen tipos penales vagos, ambiguos e indeterminados, al utilizar expresiones como “ideas”, “argumentos”, “alusión”, “cualquier medio”, sin criterios objetivos ni acotados, lo que viola el principio de legalidad penal consagrado en el artículo 14 constitucional.
De igual forma, advirtió que constituye una amenaza directa al ejercicio de la libertad de expresión, al permitir que se criminalicen expresiones artísticas, comunicativas o críticas, sin necesidad de establecer una relación causal directa entre el discurso y un hecho delictivo, lo que “contradice los estándares interamericanos sobre libertad de expresión que México está obligado a respetar”
También se precisó que se simula una protección a periodistas, al acotar el ejercicio de la libre expresión al ámbito noticioso tradicional y al “derecho a la información”, dejando fuera a artistas, activistas, académicos, defensores de derechos humanos, creadores de contenido y a cualquier ciudadano que ejerza su derecho a expresarse en el espacio público.
Los comunicadores también argumentaron que los legisladores aprobaron las reformas mediante un procedimiento legislativo opaco, apresurado y sin consulta pública, en contravención a los principios de parlamento abierto, participación ciudadana y deliberación democrática.
Ante estas circunstancias, el colectivo solicitó que la Comisión ejerza la facultad establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e interponga la acción de inconstitucionalidad.
Marco Antonio Tinoco, explicó que tiene un plazo legal de 30 días naturales contados a partir de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado para promover el recurso, por lo que se mantendrá en espera de que la reforma tenga validez para iniciar el proceso.
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