A 15 días de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla comprometió de manera pública con representantes de la Colectiva MAPAS atender la problemática de inseguridad, educación y salud que enfrentan jornaleros y jornaleras indígenas migrantes que trabajan en campos agrícolas de la entidad, no han recibido respuesta a su petición.
Las activistas abordaron al mandatario el pasado 6 de marzo, al término del conversatorio con mujeres indígenas al que se convocó en Palacio de Gobierno, donde Sofía Blanco y Elizabeth Limón Ahumada le explicaron que el joven que murió por la explosión de una mina terrestre en Tierra Caliente era un jornalero agrícola migrante, sector para el que no hay atención alguna.
Le entregaron un documento con 160 firmas de jornaleros migrantes y le solicitaron dar respuesta.
“Nos gustaría mucho que retome, que lea por favor con mucha atención, son las minas, han asesinado a profesores, es un caso muy cercano, no hubo pronunciamiento del estado, no esperamos menos, que haya pronunciamiento del estado, no esperamos menos, que haya pronunciamiento por las escuelas, hay muchísimas escuelas rurales indígenas migrantes cerradas , incluida el estado es donde más tiene”, precisó Elizabeth.
Tras escucharlas y recibir el documento, Ramírez Bedolla dijo conocer del tema y les compartió que el problema se presenta en especial en la zona de Tanhuato y Yurécuaro, pero también en Coahuayana, incluso coincidieron en que productores prefieren a mujeres para la pizca de berries.
“Lo vamos a atender con oportunidad, tienes toda la razón, sobre todo hay zonas del estado no identificadas, donde hay jornaleras, jornaleros en la zona de Tanhuato, Yurécuaro, la zona de los platanares en Coahuayana, la zona de las berries, ustedes saben en las berries, para la pizca de las berries prefieren a las mujeres para el corte y queremos atenderlo”.
Las activistas señalaron que los albergues donde los jornaleros antes eran recibidos ahora están cerrados, mientras en el tema educativo, CONAFE trata de atender a una parte de los menores pero no logra dar cobertura total.
Calcularon que serían cerca de 300 menores en esta situación, pero fueron corregidas por el propio gobernador, quien consideró que el número es mayor.
Gobernador. ”Hay albergues…”.
Elizabeth Limón: ”Que están cerrados”.
Sofía Blanco: “Lo que a nosotras nos preocupa es que quien está atendiendo el tema educativo es CONAFE, solamente está atendiendo una cantidad, pero no es una educación que permita que todos las niñas y niños, que son más de 200 niñas y niños o 300 más.”
Gobernador: ”Son más, eso debe ser en un municipio”.
Sofía Blanco: “Exacto, y no tenemos escuela, hemos tratado de hablar con la maestra Gaby Molina y no”.
Dos semanas después, a nombre e la colectiva, Sofía Blanco señaló que el gobernador Alfredo Ramírez les aseguró que se pondrían en contacto con ellas y les recibieron el documento a nombre de la Secretaría de Gobierno.
Sin embargo, a la fecha ningún representante gubernamental se ha puesto en contacto con ellas ni se han tomado medidas oficiales.
“Le entregamos el documento, el gobernador nos dijo que se iban a poner en contacto con nosotros en las siguientes semanas, nos recibieron el documento a nombre de Gobernación y desde esa fecha hasta ese momento, ninguna persona de Gobernación se ha comunicado con nosotros, tienen nuestros contactos, tienen nuestro número telefónica, pero además estamos en redes sociales, hay muchas maneras de comunicarse con nosotras”.
De acuerdo a las activistas, las jornaleras agrícolas viajan desde Guerrero, Oaxaca, Chiapas y diversas regiones de Michoacán, para trabajar en los cultivos de aguacate, jitomate y berries, donde no tienen acceso a salud, educación, vivienda o ingreso dignos.
Denunciaron que incluso les cobran por quedarse en los albergues y por los implementos que requieren para desarrollar su labor, donde cerca de 4 mil menores están en riesgo, ya que no tienen posibilidad de acceder a educación y a condiciones de seguridad
También advirtieron que no hay revisión de los agroquímicos que se utilizan ni las repercusiones que tienen en la salud de los trabajadores, donde los niños nacen con malformaciones visuales.
