El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco, estimó que, de 2 millones de personas económicamente activas en los 113 municipios, alrededor del 75% no cuenta con prestaciones de Ley como créditos a la vivienda, al consumo y seguridad social.
Esta situación la catalogó como un reto que debe atajarse con la iniciativa privada para disminuir esta brecha, iniciando con las empresas exportadoras a las que obliga el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a otorgar las condiciones laborales a cada uno de sus trabajadores.
“La población económicamente activa en Michoacán son 2 millones de personas, tenemos poco menos de medio millón en el IMSS, saquemos cuentas, hay mucho por hacer. El restante es mercado objetico, empleado o empresario objetivo para la formalización”.
Explicó que en el sector agrícola, donde Michoacán ocupa la primera posición de la producción de 17 productos, hay 200 mil jornaleros sin seguridad social, por lo que a partir de este 2022, trabajarán para ofrecer condiciones laborales dignas junto con los empresarios.