Morelia, Mich.– A seis meses de la extinción del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), el estado continúa sin las leyes secundarias que definan la operación de las nuevas autoridades garantes, lo que mantiene suspendidos los procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales.
Aunque la reforma constitucional local fue publicada el 3 de abril, la legislación que debía establecer las bases de funcionamiento de los nuevos órganos sigue pendiente de aprobación. Mientras tanto, las solicitudes de información se reciben, pero sin un ente que resuelva recursos de revisión o denuncias contra sujetos obligados.
En reunión del Comité de Transparencia del Congreso del Estado que encabeza el diputado Conrado Paz Torres, la directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cinthia Hernández Gallegos, reconoció que la transición avanza con retraso y que los procesos heredados del extinto instituto permanecen en pausa.
“Los plazos […] están suspendidos, sin embargo, no quiere decir que ya se vayan a archivar ni nada por el estilo, sino que en cuanto se emitan las leyes secundarias locales, se reanudarán los plazos”, se explicó durante el encuentro.
La enlace de transparencia del Congreso detalló que, pese a la falta de marco legal, las dependencias continúan atendiendo las solicitudes ciudadanas: “A pesar de que aún no están las leyes secundarias como lo mencionaban aquí, se han dado puntual trámite a cada una de ellas”, afirmó.
El diputado Conrado Paz, presidente de la Comisión de Transparencia, informó que ya se trabaja en una propuesta para crear la nueva estructura de transparencia en el Poder Legislativo, que será presentada ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Sin embargo, reconoció que la falta de leyes locales podría retrasar el proceso hasta el primer trimestre de 2026.
De acuerdo con el nuevo modelo federal, los órganos internos de control del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos serán las autoridades garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
