Este 15 de septiembre se cumplirán 14 años de una de las etapas más trágicas en la historia de Michoacán y del país, marcada por el primer atentado terrorista del que se tuviera registro hasta entonces.
Sin que se conozca quién, cómo o por qué, una granada de fragmentación explotó en el momento en que el ex gobernador, Leonel Godoy Rangel pretendía hacer sonar la campana colocada en el balcón central de Palacio de Gobierno, para emular el Grito de Dolores.
El sonido fue opacado por una explosión que arrancó el grito de la multitud que cubría la avenida Madero esa noche del 2008; con segundos de diferencia, la otra granada explotó sobre la avenida Madero, justo en la esquina con la calle Quintana Roo.
La sangre y los gritos de dolor callaron el festejo patrio en el centro histórico de la capital michoacana; el saldo fue de 8 muertos y cerca de un centenar de heridos; familias enteras fueron afectadas por las esquirlas que arrojaron las granadas de fragmentación.
Dos días después, arribó a Morelia el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien visitó en el hospital a los heridos y encabezó luego una ofrenda floral en el sitio de la tragedia, junto con el gobernador michoacano.
Llovieron los compromisos oficiales de apoyos vitalicios, económicos, médicos y psicológicos, pero la realidad los cubrió con el manto de la cotidianeidad y el olvido para estas mujeres y hombres, que cada año vuelven al sitio de la tragedia, que no se olvida.
Con heridas físicas y psicológicas que no sanan y se vuelven más profundas con el paso del tiempo, para estas víctimas no hay justicia, ni se ha logrado la reparación del daño a la que está obligado el gobierno federal.
Al momento enfrentan problemas para el abasto de medicamentos y deben soportar la falta de sensibilidad oficial, ya que pese a las dificultades para moverse, al menos 2 reuniones con autoridades estatales se desarrollaron en el segundo piso de Palacio de Gobierno, pese a que algunos se mueven en silla de ruedas.
Paz Bravo, es mamá de una menor que en 2008 tenía solo 6 años cuando resultó herida, al igual que 6 familiares más, quien denunció la carencia de medicamentos que enfrentan todavía.
“Yo en ese momento, porque año con año ha sido esa situación, me sentí lastimada y sí le dije que para mí era una burla, porque lo que se ocupa mucho son los medicamentos y no está. Esta vez pasada hubo otra reunión y se comentó que apenas iban a ver el recurso económico para que no faltara el medicamento, eso no puede esperar”.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Elvia Higuera Pérez, informó que corrigieron finalmente esta situación y la última reunión se realizó en Casa Michoacán para evitar alguna dificultad; de igual forma, informó que se acordó que el Hospital Civil se hará cargo de suministrar los medicamentos.
Tras años de trámite, finalmente el 2 de septiembre se logró que la última persona afectada por el atentado terrorista fuera reconocida como “víctima” y, en consecuencia, tuviera la posibilidad de tener una reparación del año federal, pero el proceso requirió un largo proceso judicial que estuvo a cargo de la abogada Reyna Velasco.
La jurista, explicó que están en proceso de integración de los expedientes y antes de que concluya el año pudiera darse la resolución definitiva, aunque lamentó la lentitud de diferentes instancias para aportar la información que le han requerido.
“Mira la ley nos contempla un máximo de 4 meses a parir de que ellos presentan su solicitud, sin embargo, con el grupo que tengo llevamos 2 años y esa es una de las inconformidades que se la externado a la comisionada, que no es posible que pase tanto tiempo y no se pueden resolver. Dicen que es por falta de información que no han remitido información instancias como CECUFID o el IMSS”.
De acuerdo a la Comisión Estatal de Víctimas (CEAV), al momento 60 personas afectadas por el granadazo, de un total de 94 reconocidas como tal, reciben una pensión que oscila entre los 10 mil y los casi 40 mil pesos, con un gasto total de 68 millones de pesos.
Este 12 de septiembre, dicho organismo solicitó de manera formal a la Fiscalía General de la República reactivar la averiguación previa y continuar la investigación del hecho terrorista y denunció el intento de mandar al archivo el expediente, que se mantendrá vigente durante 27 años, lo que abriría la posibilidad de que se conozca la verdad histórica, se sancione a los responsables y se otorgue la reparación del daño a las víctimas.
En 2008, la extinta Procuraduría General de la República (PGR), detuvo a Julio Cesar Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas Elicea como presuntos responsables del atentado, pero fueron liberados después, al acreditarse que fueron torturados para obtener su confesión
Desde entonces, no se ha informado de un solo detenido.
