Apatzingán, Mich.– En Apatzingán, uno de los municipios de Michoacán más golpeados por la extorsión, arrancó la estrategia nacional contra este delito, con la instalación de la primera unidad anti-extorsión estatal, impulsada por el Gobierno de México.
La nueva unidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuenta con equipos de inteligencia, investigadores de campo y gabinete, asesores en manejo de crisis y personal especializado, cuyo objetivo es contener y desactivar redes de extorsión que operan en la región.
La estrategia federal contempla además el fortalecimiento de la línea 089, que operará como vía única y nacional para recibir denuncias, con la particularidad de que no tendrá intervención de autoridades estatales, lo cual busca generar mayor confianza entre las víctimas.
“Es una línea nacional, no local. Justamente para generar confianza, evitar filtraciones y dar seguimiento profesional a cada denuncia. No habrá participación de autoridades estatales en su operación”, explicó Alfredo Almora García, director general de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la SSPC.
Esta estrategia fue ordenada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ejecutada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, debido a que Michoacán se encuentra entre los ocho estados que concentran el 66% de los casos de extorsión a nivel nacional, según reconoció el funcionario.
“Ya está operando la primera unidad anti-extorsión a nivel estatal aquí en Apatzingán, con personal altamente capacitado en manejo de crisis, inteligencia y seguimiento de denuncias”, agregó Almora García.
El funcionario federal señaló que ya comenzó la capacitación a nivel nacional del personal que atenderá las llamadas al 089, con especialización para identificar el tipo de extorsión (telefónica o directa), contener a las víctimas y canalizar los casos con las autoridades competentes.
La unidad en Apatzingán forma parte del despliegue en zonas prioritarias y se complementa con la participación de Sedena, Marina, FGR y Fiscalía estatal, como parte de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.
