A prácticamente 1 año y 10 meses de que legisladores locales denunciaron ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la compra de un software que hizo el Congreso de Michoacán por un costo de 5.6 millones de pesos que nunca se instaló, aún no hay fecha para concluir la investigación, menos aún que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo regresó al estado
El Fiscal Anticorrupción, Alejandro Carrillo Ochoa explicó que esta instancia no buscó “desafanarse” del caso sino atender a la normativa nacional que señala la competencia de cada Fiscalía y en caso de que los recursos sean federales toca a la federal, pero en este caso el criterio cambió.
“No es que se desafane del tema, el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro, la competencia de cada una de las Fiscalías y de los temas que se manejan en cuanto a la federación y estado cuando se trate de recurso netamente federal es competencia de la federación, en ocasiones, los criterios también de otras instituciones o de la propia institución federal llega a variar por algún detalle o algún tema en particular”.
De acuerdo a lo que fue denunciado en junio del 2022, con un poder notarial que tenía como uso exclusivo la representación del Congreso de Michoacán en “pleitos y cobranzas”, María Isabel Ceja Linares firmó el 30 de diciembre del 2021 un contrato con José Alfredo Aburto Gaitán, como proveedor de servicios de la empresa “E5 SOFTWARE”.
De acuerdo al contrato, el costo de los servicios fue de 5 millones 590 mil pesos, que garantizaría 40 licencias y/o usuarios para utilizar el software que debía estar instalado a más tardar en abril del 2022, pero nunca se instaló.
El Fiscal Anticorrupción aseguró que se siguen desahogando algunos medios de prueba y ante el relevo en el Congreso de Michoacán el 15 de septiembre de este año, señaló que si se determinan algunas responsabilidades no importa que la persona ya no ocupe el cargo.
“Independientemente de quien pueda ser señalado en cualquier tipo de carpeta, esté o no ocupando la responsabilidad, si surge una responsabilidad penal en el momento, no los exime, aunque ya no estén ocupando el cargo en ese momento les señalara algún tipo de responsabilidad no significa que no se le pueda sancionar, se le sanciona de igual forma”.
La denuncia fue promovida desde abril del 2022 por los diputados locales de Morena Eréndira Isauro Hernández, Juan Carlos Barragán Vélez y Julieta García Zepeda.
