El auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda rechazó haber incumplido con el mandato en materia de fiscalización correspondiente al 2020, como acusaron diputados de Morena y el priista, Marco Polo Aguirre Chávez, al proponer al pleno legislativo “reprobar” el informe de la Cuenta Pública e intentar iniciar un procedimiento en su contra.
El funcionario explicó que el problema fue más bien de comunicación entre los integrantes de la Comisión Inspectora, que debió requerirle la información que necesitaban, y la Comisión de Presupuesto, responsable de realizar la dictaminación.
“Todos los mandatos se cumplieron, todo es cuestión de mandarlos con las pruebas suficientes. (…) Yo lo que atribuyo es que hubo una falta de información entre la Comisión Inspectora y la Comisión de Presupuesto para pedir las aclaraciones respectivas. No lo leo en este momento como una situación política o de revanchismo hacía la Auditoría”.
Aguirre Abellaneda, explicó que apenas este 6 de mayo fue notificado de la resolución del pleno legislativo, pero señaló que se auditaron las 55 dependencias, como mandataron los diputados.
Sin embargo, precisó que en el caso de los nuevos hospitales Civil e Infantil de Morelia, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FAIESPUM), la Universidad Intercultural Indígena y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se trata de recursos federales que no le corresponde fiscalizar, mientras que el Zoológico de Morelia, -que los diputados consideraron pendiente-, sí se auditó
Señaló que tras ser notificado podrá comenzar a hacer las aclaraciones pertinentes, ya que “tiene derecho a ser escuchado y a la audiencia”, pero explicó que el proceso de fiscalización sigue en los cerca de 4 mil 800 millones de pesos que le correspondió revisar, es decir, el 80% de los recursos de origen estatal.
“Nosotros seguimos con el 80% mínimo de la auditoría, 4 mil 800 millones, eso pudiera estar en observación hasta que se concluya la obra, porque es obra pública en observación”.
El titular de la ASM, aseguró que, en consecuencia, no tiene elementos para asegurar que la pasada administración cometió fraude, peculado o cohecho.
“Yo necesito pegarme mucho a la normatividad, no puedo salir y hablar de fraude, peculado o cohecho sino tenemos los elementos correspondientes. Y yo no soy el que juzgo, aguas con esta parte, yo investigo, el que juzga es el tribunal y la Fiscalía Especial Anticorrupción. Nosotros investigamos y aportamos todas las pruebas necesarias”.
El funcionario, aseguró que se apegó a las normas internacionales para determinar el alcance de la fiscalización, que no fue menor al 30% del monto ejercido por cada una de las de dependencias revisadas.
