Pese a que la aprobación de la deuda pública requiere de la aprobación de 2/3 partes de los diputados presentes, los legisladores no hicieron ninguna distinción y autorizaron al Ejecutivo michoacano a contratar 470 millones de pesos en créditos con el resto de la Ley de Ingresos, que sólo requiere una mayoría simple, es decir, la mitad de los presentes más uno.
Con la única crítica del coordinador de los diputados del PRD, Víctor Manuel Manríquez González, debido a la incongruencia del gobierno estatal, que primero hizo la promesa de no contratar deuda y luego tramitó 1 mil 400 millones de corto plazo, legisladores de todos los partidos políticos establecieron que “la contratación de financiamiento” debe realizarse “con la o las instituciones del sistema financiero mexicano, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado”, “a través de uno o varios créditos, a tasa fija”.
De acuerdo a la Ley de Ingresos del 2022, los recursos que se obtengan de los créditos deben destinarse “a obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”,
El financiamiento deberá pagarse en un plazo de hasta 6 años, contados a partir de la primera disposición, sin rebasar en ningún caso del 1 de septiembre de 2027.
De igual forma, se autorizó a que se afecte como fuente de pago del crédito hasta el 25% del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas.