La jueza de control, Amalia Herrera Arroyo, postergó para el 7 de febrero, la audiencia en la que se determinará si procede iniciar o una investigación contra Roberto N., actual secretario de Turismo del gobierno de Michoacán, por la acusación de violación sexual agravada, que presentó en su contra, Fabio Alonso Naranjo.
En conferencia de prensa, el denunciante, junto con familiares y representantes de la Asociación Civil “Contenedor de Arte”, explicó que la audiencia se había convocado para este viernes, pero no fue posible llevarla a cabo, debido a que la Fiscalía General del Estado, no convocó al denunciado.
“Nuestra audiencia de hoy, la juez la tuvo prácticamente que posponer, porque la Fiscalía no notificó a la parte denunciada, al funcionario”.
En relación a los hechos, Fabio relató que desde los 9 años de edad buscaba desarrollarse en el baile y el campo, por lo que su mamá decidió inscribirlo en el Centro de Estudio y Capacitación Artístico, del que era director y dueño el denunciado, a quien vio como una figura paternal, luego que su padre falleció cuando aún no nacía.
Señaló que con los años se fue generando una “cercanía”, hasta que “el primer encuentro” se registró cuando tenía 14 años.
“La situación se fue agravando con el paso del tiempo y en la denuncia hay otra persona involucrada, que en formato de trío, siendo yo menor de edad, a lo que te exponen y uno no entiende cuando tiene esa edad a que te están exponiendo, a los daños psicológicos y emocionales que esto te está generado a futuro”.
Informó que tomó la decisión de presentar la denuncia en mayo y en octubre se ratificó, pero ha estado en espera del avance del proceso, por lo que descartó haber llegado a un acuerdo con el funcionario señalado
“Yo abiertamente les digo, que yo no voy a dar un paso atrás, yo no estoy negociando, a mi nadie se me a acercado, no me interesa que se me acerquen, todo va a ser de forma legal, de forma transparente (…) Yo no estoy interesado en negociaciones, todo lo que busquen que sea meramente legal.”
La activista Verónica Loaiza Servín, precisó que, de acuerdo a lo que se ha denunciado, el delito se cometió cuando Fabio tenía entre los 14 y 17 años de edad, bajo la tutoría del denunciado, por lo que se considera que no ha prescrito, ya que debe aplicarse el Código Penal vigente en 2010.
“Lo que se busca, nos explicaba el licenciado, es que se saca una media de la pena mínima y máxima, que sería por un delito sexual agravado, que en un promedio tendrían que haber pasado 14 años y medio para que pudiera prescribir, sin embargo, se toma en cuenta la última fecha o la edad en que Fabio aún no cumplía la mayoría de edad que era a los 17 años y por lo que se violentaron diversos derechos.”.
Señaló que se entregó oficio al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para solicitarle “que mientras esa persona esté en investigación se le separe del cargo”, para garantizar que la investigación se realice de manera imparcial.
Recordó que ya en otros casos se ha actuado de esa manera, como con el abogado Lorenzo Corro, que fue destituido de Sí Financia por una proceso de violencia vicaria y Misael N., apenas vinculado a proceso esta semana, y para lo cual dejó su cargo en el Sistema Penitenciario.
Loaiza Servín, informó que también se tiene ya un precedente en Yucatán, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que “no puede haber una persona en un cargo público, si es deudor, si tiene una denuncia por violencia, por abuso, porque sería totalmente parcial el proceso que esta persona llevara, desde las cúpulas del poder”.
