Sin definir el presupuesto que se requerirá, los lugares donde se instalarán los Centros de Mediación ni el personal necesario, el Gobierno de Michoacán y el Poder Judicial se declararon listos para la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de mayo, sino se aprueba la prórroga solicitada para el 3 de octubre de este año.
De acuerdo a las modificaciones constitucionales, a partir de esa fecha corresponderá a un juez, previa intervención de un Centro de Mediación, resolver las controversias patrón-empleado.
El secretario de Asuntos Laborales del gobierno estatal, Juan Pablo Puebla Arévalo, señaló que el Ejecutivo está listo para iniciar en el plazo fijado por la Constitución, pero informó que el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Laboral solicitó una prórroga para el 3 de octubre, lo que aprovecharía el estado “para tener mejores posibilidades en las sedes”.
Sin embargo, señaló que no han determinado las sedes para los Centros, aunque tienen proyectado adecuar los cuarteles que construyó la anterior administración para la policía estatal, mientras el monto de recursos sigue como propuesta.
“Una de las posibilidades es las áreas administrativas que están en los cuarteles que se construyeron y en todo caso se utilizaría una remodelación mínima para empezar a operar y equiparlos; si se va hasta octubre se pensaría en construir un espacio que de soporte a esta circunstancia. (…) El monto está trabajándose, ya hay una propuesta, lo que no quiero aventurarme porque tiene que ver con el número de notificadores por conciliador se establece”.
El presidente del Tribunal de Justicia, Héctor Octavio Morales Juárez, informó que está previsto que, para el nuevo esquema de impartición de justicia laboral, el estado se divida en 3 regiones: Morelia, Uruapan y Zamora, que comprenderán los 112 municipios y el Concejo Mayor de Cherán.
Precisó que se instalarán 4 juzgados y para ello se han capacitado ya 22 jueces, 11 secretarios proyectistas y 11 secretarios de acuerdo, pero aclaró que no serán especializados únicamente en esta materia.
“No se puede tener un rubro de jueces mercantiles, un rubro de jueces familiares y un rubro de jueces civiles sino que cada uno de los jueces están, salvo la justicia penal y acusatorio, todos los jueces están que de acuerdo a la determinación del Consejo, pueden estar adscritos a cualquier juzgado independientemente de la jurisdicción”.
En conferencia de prensa, se precisó que Poder Judicial y Gobierno de Michoacán aún están en proceso integrar la carpeta de proyectos para acceder al subsidio federal de 43 millones de pesos, que no pueden destinarse a gasto corriente.
Señalaron que, de acuerdo a la experiencia de otros estados, en la etapa prejudicial se resuelven entre el 70 y 75% de los casos, es decir, en los Centros de Conciliación, pero de no lograr un acuerdo en un plazo de 45 días se judicializará.
