El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez rechazó precisar si compete a este organismo, al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Auditoría Superior de Michoacán o a la propia Contraloría estatal investigar si el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla violentó la ley al acudir sábado y domingo a los actos proselitistas de Morena en Aguascalientes y Quintana Roo, además de pronunciarse a favor de este partido.
Previo a recibir las quejas que presentó el PRD, señaló no obstante que existen precedentes judiciales, en los que se establece que los servidores públicos tienen derecho a la asociación y militancia, siempre y cuando soliciten licencia y no canalicen recursos públicos.
“Ya hay unos precedentes donde se estableció que los servidores públicos también gozan de un derecho que en este caso es el de asociación y militancia, y entonces, a partir de ahí es que efectivamente, los servidores públicos, siempre y cuando, pidan el permiso, siempre y cuando no se canalicen recursos públicos en esa actividad es que no sean sancionados”.
Luego que el ex gobernador Salvador Jara Guerrero, fue amonestado públicamente en 2014 por asistir entre semana a un evento del PRI, precisó que en ese caso se argumentó un desvío de recursos públicos durante su traslado.
Hurtado Gómez recordó que es un añejo el debate sobre los derechos político electorales de los funcionarios públicos y precisó que deberá determinarse si la queja encuadrará únicamente en el artículo que establece que no pueden desviarse recursos públicos o en el efecto de la participación del gobernador en las elecciones de los otros estados.
Señaló que en caso de que la conducta que se impugna tenga relación con un candidato a la gubernatura, correspondería al INE el análisis.
“Si la participación fue en una actividad relacionada con la gubernatura tendrían que ser las instancias federales quienes llevarían a cabo este análisis, precisamente en función a la posible incidencia de este acto en aquella elección de la gubernatura principalmente”.
No obstante, Hurtado Gómez reconoció que el punto del que tendrá que partir el análisis es el artículo 61 de la Constitución Política de Michoacán, que señala la prohibición que tiene el gobernador para “intervenir por sí o a través de persona física o moral, o en cualquier forma, en las elecciones para favorecer a partido político o candidato alguno”.
“Es que esa es la parte que en su momento se tendría que analizar, por eso les decía, son varias cosas, sí es un tema de posible, en este caso, de posible incidencia en un proceso; otra cosa sería si fuera el tema de una posible falta, otro tema es el posible derecho político-electoral que él pudiera tener, otro tema es el posible uso de los recursos públicos si es que los hubo o no”.
El árbitro electoral, aclaró que el tema “es de respeto a las competencias y procedimientos”, ya que no corresponde al IEM defender la elección en otros estados, pero si la queja se ve “desde la perspectiva del uso de recursos” se tendrá que ver si es competencia de este organismo.
