El gobierno federal sigue sin determinar si incrementará su aportación a la nómina del magisterio michoacano y, en consecuencia, no se incluyó este recurso en el Presupuesto de Egresos que ejercerá el gobierno del estado el siguiente año, donde se precisó que no “se contempla el convenio U080”.
El secretario de Finanzas y administración (SFA), Luis Navarro García señaló que siguen las gestiones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para modificar los porcentajes de aportación, que actualmente es de 34.60% de la federación, por alrededor de 3 mil 443 millones de pesos, y de 63.40% del estado, es decir, cerca de 6 mil 200 millones de pesos.
Explicó que hay garantía de que continuará el siguiente año, pero se espera que pueda haber alguna modificación, aunque en caso de que no haya está garantizado el pago.
“De momento sigue así y el gobernador no ha dejado de hacer las gestiones tanto con el presidente de la República como con el secretario de Hacienda para que se incrementen los porcentajes, pero sino se incrementan los porcentajes no le afecta a las finanzas de Michoacán, porque el presupuesto que tenemos lo tenemos completamente equilibrado para que no afecten, para que con ese porcentaje podamos cubrir la nómina magisterial”.
En entrevista, el funcionario recordó que para recibir el “complemento” federal, cada quincena se firma un convenio con el Gobierno de la República, ya que Michoacán es el único estado del país al que se autorizó el apoyo “extraordinario”.
A más de un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, comprometió en visita al estado, incrementar la aportación federal al pago de los docentes michoacanos, calculó que en 2023 pueda finalmente definirse
“Yo espero que el próximo año ya se defina, el gobernador no ha dejado de hacer las gestiones con el presidente, insisto, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Hacienda, al final es un tema de recursos, la voluntad del presidente la hay”.
Navarro García calculó que de lograr que federación y estado aporten partes iguales para cubrir salario y prestaciones de los trabajadores de la educación, se tendría un ahorro de entre mil 700 y mil 800 millones de pesos, que podría ejercerse en otro rubro como infraestructura.
