A prácticamente 11 meses de que el gobierno de Michoacán vendió las 608 hectáreas de la Isla de La Palma a la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), no hay todavía ninguna empresa instalada, aunque el director general, Jorge Luis Cruz Ballado, anunció que hay 10 solicitudes de inversionistas interesados en el arrendamiento.
En conferencia de prensa, calculó que finales de 2023 o principio del 2024 habrá empresas instaladas en la zona.
“Ninguna empresa establecida ninguna, yo creo que a finales de este año o a principios del otro se van a ver ya las empresas instaladas, porque sí hay intención de hacerlo”.
El Almirante en Retiro destacó las ventajas competitivas que tiene la Isla de la Palma, por su ubicación estratégica, prácticamente “pegada” al puerto de Lázaro Cárdenas, lo que “da fluidez” al movimiento de mercancía, así como su conectividad, a 1.5 kilómetros del puerto y a 3.3 kilómetro de la conexión ferroviaria.
Explicó que se han “lotificado” 57 hectáreas, que se darán en arrendamiento de manera directa, al señalar que no “necesariamente” se tiene que hacer una licitación por lo que se contempla asignarlo a quien “levante la mano”, por lo que entre más pronto manifieste su interés tendrá mejor precio.
“Esta área está en arrendamiento directo, esto no es parte de la concesión de Lázaro Cárdenas, esto es una propiedad de la empresa Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas y por eso podemos darlo en arrendamiento, no necesariamente tenemos que hacer una licitación para poder hacer esto y como nos interesa desarrollar esta parte, estamos asignando directamente, al que levante la mano se la damos en arrendamiento”.
La Isla de la Palma tiene una larga historia. En noviembre del 2006, a propuesta del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, el Congreso desincorporó 183 has para un recinto fiscalizado estratégico-zona franca, y en junio del 2010, a propuesta de Leonel Godoy Rangel, se desincorporaron 443 hectáreas, con el mismo propósito que tuvo su antecesor.
En 2017, se pretendió crear la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas- La Unión, por lo que se le donaron a la federación 628 hectáreas para concesionarlo a particulares, pero con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desapareció dicha figura y el patrimonio se regresó al Fideicomiso 406.
A partir de aquí, dicho patrimonio se pudo transferir a la Secretaría de la Marina, sin necesidad de la intervención del Congreso local.
