Las denuncias por presuntos actos de corrupción de la administración Silvanista, siguen su trámite ante la Fiscalía General de la República (FGR) y su homóloga estatal, donde la principal indagatoria es la que se inició por los sobreprecios y cuestiones anómalas con que se habrían contratado los Cuárteles de Seguridad Pública y que el mandatario calculó en 5 mil millones de pesos.
Ejemplificó con el cuartel de Huetamo que fue valuado por el Instituto Administración y Avalúos y Bienes Nacionales (INDAABIN), que determinó un costo de 120 millones de pesos cuando se pagaron 890 millones, por lo que se aportaron las pruebas a la instancia federal.
Explicó que la denuncia se presentó ante la FGR debido a que los recursos que se destinaron a esas obras son federales, en un 90%.
En el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que son denuncias “más pequeñas” aunque “tampoco despreciables”, ya que entre estos temas, se encuentra un seguro catastrófico por 180 millones de pesos que no se entregó a los productores agrícolas.
Ramírez Bedolla, afirmó que su administración es la encargada de aportar las pruebas, pero las Fiscalías deben judicializar los casos.