A casi seis años de la expedición de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de 2020, el Congreso local perfiló finalmente una ruta legislativa para consultar a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos artículos por falta de consulta previa.
El protocolo elaborado por la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación plantea atender la resolución emitida en las acciones de inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, en las que se ordenó al Poder Legislativo volver a legislar en materia de educación indígena, educación inclusiva y educación especial.
De acuerdo con el documento, la consulta tendrá como objetivo abrir un diálogo democrático con los sectores directamente involucrados, para recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre el contenido de la reforma. La intención, precisa el protocolo, es llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos, comunidades y personas consultadas sobre asuntos que inciden en sus derechos educativos.
La materia de consulta incluye los artículos 23, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Educación del Estado, los cuales fueron excluidos del ordenamiento jurídico tras la declaratoria de invalidez. Sin embargo, el propio protocolo advierte que el ejercicio no deberá limitarse únicamente a esos artículos, sino permitir un análisis abierto sobre cualquier aspecto de la ley relacionado con la condición indígena, afromexicana o de discapacidad.
El Congreso plantea que el proceso se desarrolle en tres etapas: una preconsultiva, en la que se elaborarán el plan de trabajo, los protocolos y la iniciativa de reforma; una etapa de consulta, a cargo del Instituto Electoral de Michoacán; y una fase posterior, en la que se recibirán los resultados, se integrarán al dictamen legislativo y se remitirá un informe final a la Suprema Corte.
Entre los actores responsables se encuentran el Pleno del Congreso, la Mesa Directiva, la Comisión Especial, la Comisión de Educación y la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos.
El protocolo también reconoce que para realizar la consulta se requerirá una ampliación presupuestal en favor del Instituto Electoral de Michoacán, al ser la instancia facultada para organizar el proceso. Con ello, el Congreso busca subsanar una omisión legislativa que desde 2020 dejó sin validez diversos apartados de la ley educativa y que ahora obliga a construir una reforma con participación directa de los sectores afectados.
