La política de seguridad del Gobierno de la presidenta Sheinbaum, encabezada por Omar García Harfuch, ha logrado avances que ya se pueden medir. Según el informe oficial, en agosto de 2025 se registraron 27 homicidios menos por día que en septiembre de 2024; el descenso equivale a una reducción del 32 % en el promedio diario de homicidios dolosos. Estos resultados no son fruto de la casualidad: entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se detuvieron más de 32 400 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 16 000 armas de fuego y 245 toneladas de droga. Las acciones de inteligencia han sido tan intensas que, solo en las dos primeras semanas de septiembre, se desmantelaron 53 laboratorios de metanfetamina.
En el Estado de México, donde se aplicó el Mando Unificado Oriente, el promedio diario de víctimas de homicidio se redujo 14 % en seis municipios prioritarios. Algunos casos son ejemplares: en Texcoco los homicidios cayeron 60 %, en Ixtapaluca 50 % y en Ecatepec 29 %. Estos datos muestran que, cuando hay coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, la pacificación es posible incluso en zonas históricamente violentas.
A pesar de las cifras alentadoras en el ámbito federal, la seguridad pública sigue siendo un mosaico heterogéneo. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 reveló que en 2024 el 29 % de los hogares tuvo al menos a uno de sus miembros como víctima de algún delito. La tasa de prevalencia delictiva solo disminuyó en siete entidades federativas, aumentó en otras siete y se mantuvo sin cambios en 18. Las mayores tasas de victimización se registraron en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, mientras que Chiapas, Tamaulipas y Michoacán presentaron las más bajas. Esta disparidad evidencia que el éxito no es homogéneo y que existen gobiernos locales que aún no asumen plenamente su responsabilidad.
Mientras el gobierno federal se ha dedicado a profesionalizar, coordinar y depurar las fuerzas de seguridad, en muchos estados y municipios persiste la desarticulación y el amiguismo. Las corporaciones locales padecen carencias básicas: falta de formación policial, salarios precarios y, en algunos casos, vínculos con redes criminales. De poco sirve el control territorial del centro si en la periferia la seguridad se delega a “amigos” o se usa como botín electoral.
Los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad demuestran que la violencia puede disminuir con una combinación de inteligencia, coordinación y profesionalismo. Sin embargo, 93.2 % de los delitos cometidos en 2024 no se denunciaron ni generaron una investigación. La cifra oculta es un recordatorio de la desconfianza hacia autoridades locales que suelen revictimizar o no actúan. No hay seguridad nacional posible cuando en los municipios reina la impunidad.
El ejemplo del Mando Unificado Oriente en el Edomex debería replicarse en otros territorios. Allí se articuló una estrategia con cinco ejes: investigaciones basadas en inteligencia, creación de unidades antiextorsión, atención integral a víctimas, capacitación de operadores de la línea 089 y campañas de prevención. Se trata de una hoja de ruta que los gobernadores y alcaldes podrían adaptar para combatir delitos de alto impacto y atender problemas locales como la extorsión o el robo. Pero para ello se requiere voluntad política y dejar de usar al federalismo como pretexto para no cumplir con las obligaciones constitucionales.
La seguridad dejó de ser un problema de discurso: hoy es un problema de voluntad. Los números demuestran que la estrategia federal funciona y que el país puede pacificarse cuando todos reman en la misma dirección. Urge que los gobiernos estatales y municipales profesionalicen sus policías, depuren sus instituciones y rindan cuentas. Las fuerzas federales no pueden ni deben ser el único actor; la paz se construye desde las comunidades, con prevención, justicia y desarrollo local.
Como sociedad, también debemos exigir transparencia y evaluar el desempeño de nuestras autoridades. La ENVIPE nos recuerda que la percepción de inseguridad y la victimización siguen siendo altas. No podemos normalizar la violencia ni acostumbrarnos a las balas. La seguridad es un derecho y una responsabilidad compartida; solo así evitaremos un federalismo de excusas que mantenga la periferia en la sombra.
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