Morelia, Michoacán.- Personas trabajadoras y juzgadoras del Décimo Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Michoacán, bloquearon un tramo de la Avenida Camelinas para dar a conocer su adhesión a la suspensión nacional de labores que se mantendrá de manera indefinida, como protesta a la Reforma Judicial que impulsa el gobierno federal.
En contra de la iniciativa de reforma que, de aprobarse, haría que jueces y magistrados sean electos por voto popular, uno de los trabajadores leyó un pronunciamiento ante medios de comunicación, en el que subrayaron que la movilización fue organizada de manera “independiente”, con la finalidad de presionar para que se eche atrás esta propuesta, que se espera sea votada antes de que concluya la LXV Legislatura.
“La base trabajadora del Poder Judicial de la Federación nos hemos organizado en todo el país, de manera sólida e independiente, para evitar la reforma judicial, anunciada y pretendida por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Como acción esencial de protesta pública y pacífica de nuestro movimiento, el día de hoy hemos iniciado la suspensión indefinida de labores en los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación de todos los circuitos judiciales de México”.
Expusieron que cerca de mil trabajadores y jueces michoacanos suspendieron actividades, ya que en caso de concretarse, esta reforma violaría sus derechos laborales, entre ellos, una carrera judicial como mecanismo de profesionalización y ascenso, además de que desembocaría ineludiblemente en el pacto de compromisos con las estructuras partidistas.
En el posicionamiento argumentaron que aprobar esta reforma atentaría también contra la independencia judicial y la división de Poderes, razón por la cual la interpretan como un golpe de estado técnico en contra del Judicial, esto es, un intento de controlarlo por parte del Ejecutivo, a través de las mayorías con las que cuenta actualmente en el Legislativo.
“Todo ello aprovechando que, en la elección del 2 de junio pasado, los partidos oficialistas lograron una votación importante, por ello, en cualquier caso, sostenemos que se trata de un intento de golpe de estado técnico contra el Poder Judicial de la Federación, pues se pretende disfrazar un deseo de venganza o una decisión política de controlar a un Poder, mediante una reforma que contiene vicios de origen, y que pretende ocultar las verdaderas y nefastas intenciones”.
Entrevistado aparte, Froylán Muñoz Alvarado, magistrado adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, dio a conocer que, aunque el paro de labores inició ese lunes en muchos estados, será ratificado oficialmente el próximo miércoles 21 de agosto, cuando serían suspendidos de facto hasta un millón 300 mil asuntos en toda la República.
“La repercusión más grave es el ciudadano, quienes son los usuarios del servicio de administración pública, porque, por ejemplo, hoy, en el momento en que se vuelve nacional, estamos hablando de que se suspenden aproximadamente entre un millón y un millón 300 mil asuntos en toda la República, asuntos de toda naturaleza, Mercantil, Civil, Penal, Financiera, todas las materias, entonces, es muy importante la administración de justicia en México, sí, pero que sea con personas capacitadas, como al día de hoy, de carrera judicial”.
Se espera que sea en septiembre cuando sea votado el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que hizo más de 100 cambios a la iniciativa presentada por López Obrador, entre los que se cuenta el que establece que los 9 ministros –y ya no 11– que conformarían la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean votados en 2025, mientras que los jueces y magistrados se someterían a este proceso de manera gradual.
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