De los 243 presuntos casos de trata de personas que ha registrado en Michoacán el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para la Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y junio del año en curso, sólo hay una carpeta de investigación abierta, señaló José Manuel Álvarez Lucio, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia (DIF Morelia).
Expuso que la trata es el tercer delito más lucrativo del mundo, ya que tiene más de un 99 por ciento de cifra negra, esto es, casos que suceden pero que no son denunciados, a pesar de lo cual Michoacán se encuentra en el lugar número 17 a nivel nacional.
En cuanto a la capital del estado, el ayuntamiento reporta cuatro casos atendidos desde 2021, en tres de los cuales se puso a disposición a las personas presuntamente responsables, mientras que las víctimas fueron canalizadas y resguardadas en acciones interinstitucionales e intergubernamentales.
De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia correspondiente al 2022,, hay señales de alarma en la creciente incidencia de este delito, debido a la conjunción de factores como desplazamientos forzosos o internos en los territorios, la pandemia de covid-19 y el cambio climático, lo cual ha hecho que las niñas, los niños y las mujeres, principales víctimas de este delito, tengan mayores niveles de riesgo.
Es de señalar que, en el marco de la campaña “¿De qué trata la trata?” 2024-2025, entre el próximo 18 de julio y el 31 de agosto, el Instituto Municipal de Planeación de Morelia (Implan) llevará a cabo una encuesta para contar con datos locales que permitan conocer la dimensión de este fenómeno en el municipio.
También se hará una campaña de difusión para identificar las once modalidades en que se configura este delito, de acuerdo con la Ley General en la materia, entre las que, además de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, se cuentan la esclavitud, la condición de siervo, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados y la mendicidad forzosa.
Además, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y, finalmente, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.