Morelia, Mich.— Tras casi cinco años de disputa jurídica y movilización social, la comunidad purépecha de Jarácuaro logró que la Suprema Corte desechara las controversias constitucionales promovidas por el ayuntamiento de Erongarícuaro en contra de su autogobierno, un fallo que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán calificó como un precedente histórico para la defensa de las autonomías comunitarias.
En conferencia de prensa, el vocero del organismo, Pável Uliánov Guzmán Macario explicó que las impugnaciones fueron retiradas luego de que el propio ayuntamiento se desistiera de los recursos, tras una movilización de comunidades del Lago de Pátzcuaro que incluso derivó en la toma del palacio municipal.
“Se demostró que no sólo lo jurídico es importante, también la organización comunal. Gracias a la movilización de los pueblos se logró que el cabildo desistiera y que posteriormente la Suprema Corte desechara las controversias”, afirmó.
Las acciones legales habían sido promovidas inicialmente por la administración municipal encabezada por el exalcalde Juan Calderón Castillejo, quien cuestionó el derecho de la comunidad a ejercer autogobierno y recibir presupuesto directo.
De acuerdo con el Consejo Supremo Indígena, el fallo también marca un precedente porque, por primera vez, la Suprema Corte reconoció a una comunidad indígena como sujeto de derecho público dentro del proceso, lo que implicó consultarla directamente sobre un asunto que afectaba sus derechos colectivos.
El vocero del organismo señaló que los conflictos entre municipios y comunidades que buscan autogobierno suelen seguir un patrón similar.
Primero, explicó, los ayuntamientos presentan impugnaciones o controversias para retrasar la entrega de recursos; después cuestionan la capacidad de las comunidades para administrar el presupuesto; y finalmente se generan campañas de deslegitimación o presión política.
“Esto no tiene que ver con partidos, ha ocurrido con gobiernos de todos los colores. Cuando ven que perderán presupuesto o poder político, se oponen”, sostuvo.
Actualmente, indicó, uno de los casos que sigue en disputa es el de la comunidad de Crescencio Morales.
