El saneamiento financiero del Poder Legislativo no debe pisotear los derechos de los trabajadores, y precisa de plena transparencia en su ejecución, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, recalcó que al tener en sus manos la responsabilidad fiscalizadora de los recursos públicos en el estado, el Congreso debería ser una caja de cristal en el manejo de su propio presupuesto, así como en la toma de decisiones vinculadas al ejercicio de éste.
“Lamentablemente hoy nos encontramos con una situación que ante la falta de transparencia evidencia un profundo desaseo en la toma de decisiones sobre el manejo financiero del Congreso, sin que se provea de claridad a los propios diputados en su mayoría”.
La integrante de la Representación Parlamentaria, condenó que se pretenda que la factura de ese desorden la paguen los trabajadores, viéndose afectados muchos que no fueron contratados por esta Legislatura como se ha venido esgrimiendo, sino que han prestado sus servicios por varios años en la cámara y tienen derechos adquiridos.
Por tratarse de recursos de origen federal los manejados en el Congreso, consideró necesaria la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para una revisión profunda de las finanzas, ya que si bien el órgano fiscalizador ha estado en proceso de revisión, lo ha hecho sobre ejercicios presupuestales anteriores, por lo que lo ocurrido en la Cámara en estos momentos está fuera del espectro en la fiscalización que realiza.
Julieta Gallardo subrayó que la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración y Control deben hacer público el contenido del Acuerdo de fecha 23 de junio de 2022 que tomaron, y que ha servido de argumento a la Secretaría de Finanzas y Administración del Congreso, para urgir a los legisladores la selección de personal que debe ser dado de baja.
Informó que ha requerido ya por escrito tal acuerdo, y manifestado su rechazo a las medidas que se han venido tomando en contra del personal Legislativo, las que a todas luces son violatorias de derecho.
