Cuando tenía 8 años, mi abuelito León me motivó a estudiar Derecho e impulsada por la familia Amezcua García de Paracho y por mi papá, ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Mientras cursaba mis estudios, comencé a darme cuenta que nuestras leyes estaban desactualizadas a la realidad michoacana y mexicana, además había numerosas contradicciones que lejos de resolver problemas, los hacían más grandes.
Al tomar protesta como diputada federal pensé que podría modificar múltiples normas; sin embargo, la realidad es que el proceso legislativo puede llegar a ser tan demorado que no bastan los tres años que dura el cargo para solventar todas las leyes que se tienen, pues como lo expresaba Eva Perón, “donde existe una necesidad, nace un derecho” y en México existen muchas necesidades, por eso requerimos de muchos derechos.
A esta obligación de actualizar leyes, eliminar lagunas jurídicas, mantenerse en constante cercanía con la población, conocer nuestro territorio, atender y resolver las escaseces sociales, es a lo que llamo espíritu legislativo, porque no basta con escribir articulados si no se llevan a cabo y no es suficiente adornar nuestros marcos normativos si no se respetan.
Así pues, para lograr las adecuaciones pertinentes, es importante tener claridad en los objetivos que se quieren cumplir con dichas actualizaciones; incluso es necesario luchar toda una vida por transformar al país, y es que, en este primer año de cultivar acciones legislativas, he presentado 44 iniciativas – de las cuales al menos 6 ya se encuentran aprobadas-, y 15 proposiciones con punto de acuerdo; les comparto algunas de ellas:
Con el objetivo de agravar la pena a quienes cometen el delito de secuestro cuando la víctima muere a causa del cautiverio, propuse reformar los artículos 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; actualmente esta ley secundaria se encuentra aprobada en Comisión de Justicia desde febrero de 2022.
Asimismo, para aportar a los derechos humanos de las infancias, presenté una reforma al artículo 444 del Código Civil Federal, con la cual tanto la madre o el padre de los niños o niñas puede perder la patria potestad por resolución judicial cuando se afecte o se comprometa la dignidad, la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos e hijas a su cargo, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal.
Por otra parte, para incorporar la perspectiva de no discriminación y respeto por la diversidad, de los que integran el Poder Judicial de la Federación en el desempeño de sus atribuciones y programas y acciones, presenté una reforma al numeral 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Como pueden observar, hablar del espíritu legislativo -como lo llamo- corresponde a un complicado debate entre lo que se encuentra escrito y lo que se debería contener; los artículos anteriormente enunciados, son solamente algunos de los muchos ejemplos sobre la existencia de una clara necesidad de actualización.
El espíritu legislativo es un término que, me atrevo a expresar, se está empleando por primera ocasión por parte de una servidora, ello considerando que ser diputada federal es más que un encargo político, un espacio dentro de San Lázaro, o un falso status de poder; ser diputada federal significa ser congruente con la patria que nos ha visto nacer, y por ella mejorar las condiciones de vida de todo un país, hacer visible lo invisible, nombrar lo que nadie se atreve, y buscar el bienestar para las y los mexicanos.
Por eso, reitero una vez más: ¡sigamos cultivando acciones!
