Con un “checo el dato”, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que revisará si cumplió con la disculpa pública con la comunidad indígena de Arantepakua, en atención a uno de los 7 puntos de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras la incursión policial en la localidad, el 5 de abril del 2017 que dejó como saldo 5 muertos y más de 45 lesionados.
Cuestionado sobre la fecha para la disculpa, afirmó primero que ya la ofreció, pero ante la insistencia de los periodistas, ofreció consultar con el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.
Sin embargo, en conferencia de prensa, consideró que lo importante son las 16 órdenes de aprehensión que dictó un juez estatal contra el exgobernador Silvano Aureoles y otros 15 presuntos responsables de los delitos de tortura, abuso de autoridad y homicidio calificado, que consideró prioritarias para su
“Nosotros también ya dimos la disculpa pública, pero más relevante… sí es muy importante la disculpa pública, que estoy seguro ya le hicimos. Déjeme checo el dato, pero creo que ya lo hicimos y si no, pues lo haremos en cualquier momento. Voy a consultar con el secretario de gobierno, Pero más relevantes son las órdenes de aprehensión giradas. No es cualquier cosa. Porque parecía que ya se iba a ir impune el tema”, aseguró.
Tras su declaración, el equipo de Comunicación del gobierno estatal exhibió en la conferencia de prensa un mensaje de Ramírez Bedolla difundido en redes sociales el 5 de abril del 2022, en el que se dijo dispuesto de igual forma a atender la recomendación del organismo internacional, incluida la disculpa pública.
“Dejo desde hoy muy preciso, de manera sencilla, pero clara, que nuestro gobierno y un servidor como gobernador estamos dispuestos totalmente a emitir esta disculpa pública a la comunidad de Arantepakua y a las víctimas de estos acontecimientos”, precisó entonces.
A pregunta expresa sobre un posible acuerdo para que no se dictara orden de aprehensión contra Adrián López Solís, quien era secretario de Gobierno en 2017, el gobernador aclaró que se dictaron las órdenes de aprehensión contra quienes tenía el mando en seguridad pública.
Explicó que en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se detectó que la línea de mando llegó hasta el entonces gobernador.
“Se giró orden a la persona que tenía mando sobre los elementos de seguridad pública que era el secretario de Seguridad Pública en aquel momento, que es quien giraba las órdenes; de los elementos en el momento que se dieron los hechos en Arantepakua, que es Juan Bernard Corona, que es el secretario en ese momento. (…) La implicación que la Fiscalía detectó y que los jueces avalaron con esas órdenes de aprensión es una línea de mando que llega hasta el gobernador. Exgobernador”.
Ramírez Bedolla, señaló que por ello se tiene como presunto responsable al exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; a quien fue subsecretario en la dependencia y contra varios mandos de la corporación en ese tiempo, ya que la culpabilidad no recae solo contra policías estatales.
