“La Reforma Judicial va en Michoacán” y se homologará la Constitución del estado a lo que se establezca a nivel federal, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al presentar las 10 reformas constitucionales que forman parte del denominado “Plan Morelos”, con la expectativa de que el Congreso local las apruebe antes de la discusión del presupuesto 2025.
En el templete solo estuvo acompañado por los titulares de los Poderes Legislativo, Laura Ivonne Pantoja Abascal como presidenta y del Judicial, Jorge Reséndiz García, mientras el público estuvo formado por integrantes de su gabinete, diputados locales electos, presidentes municipales y representantes de todos los sectores de la sociedad.
En este escenario, dijo escuchar a los trabajadores que se manifestaron frente a Palacio de Gobierno durante su discurso, pero aseguró que con disposición al diálogo se preparará la propuesta de Reforma, con un elemento adicional: el de los jurados ciudadanos en los juicios penales, agrarios y civiles.
Ramírez Bedolla se pronunció también por abrir la discusión a llevar a consulta ciudadana la elección por voto directo de los Ministerios Públicos, como se hace en Estados Unidos, aunque luego consideró que el sistema implementado en ese país es un asco.
El mandatario enumeró las reformas constitucionales que pretende entregar al Congreso de Michoacán entre el 15 y 30 de septiembre próximos, tras el arranque de la nueva Legislatura local, donde Morena y aliados tienen mayoría calificada para lograr reformas constitucionales.
El derecho de autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas.
Reforma para echar abajo la reelección de ediles y diputados.
Elevar a rango constitucional los programas de apoyo a mujeres y niños con cáncer.
Establecer la Autonomía de la Universidad Michoacana, incluyendo incluso la elección democrática del rector o rectora, con la participación de toda la comunidad nicolaita.
El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Los derechos y responsabilidades medioambientales.
Impulsar una reforma para hacer constitucional el Gobierno Digital, a fin que todos los trámites sean transparentes y eliminar la corrupción.