El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado por el coordinador de los senadores de la República por Morena, Ricardo Monreal Ávila, firmó este viernes la solicitud para la publicación en el periódico oficial de la iniciativa de reforma al Código Penal del estado en materia de Extorsión en Michoacán.
El mandatario estatal, Ramírez Bedolla, fijó como un reto que cuando el Poder Judicial revise dicha iniciativa, cuente con su efectividad para que pueda ser retomada en otros estados del país para aplicarla de manera estricta en contra del presunto delincuente y combatir este delito de extorsión.
“Estoy seguro que cuando esta iniciativa sea revisada y tenga efectividad podrá ser retomada a nivel federal para impulsar una ley general anti extorsión, ese es el objetivo, y el reto como mexicanos”.
En su visita a la capital michoacana, el senador y coordinador del grupo morenista Ricardo Monreal, destacó que Michoacán es un ejemplo en esta legislación anti extorsión, la cual dijo, debería replicarse a nivel federal, donde no se hace caso en tan grave delito, en sus diferentes modalidades.
Por ello, insistió en que otros estados deberían revisar la legislación que se aprobó ayer en Michoacán, ya que el problema de la extorsión incluso ha escalado en la forma de operar del crimen organizado, con la imposición de autoridades municipales, cobro de piso, y cuotas a los alimentos, donde no se denuncian las actividades delictivas por temor, al señalar que 9 de cada 10 extorsiones no son denunciadas, lo que lo convierte en un grave problema que se vive en México.
“Me parece que lo que se está haciendo en Michoacán es un ejemplo, es más, yo le decía por la mañana que me gustaría conocer los pormenores porque deberíamos trasladarlo a nivel federal que no estamos haciendo caso en este grave tipo penal nuevo con las modalidades y agravantes que aquí se han hecho”.
Esta reforma prevé aumentar la penalidad de 15 a 25 años de prisión y que se persiga de oficio cuando el Ministerio Público tenga noticia de que afecta las actividades económicas o productivas del Estado.
