Legisladores y dirigentes partidistas rechazaron que se pretenda impedir el ingreso de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, al Congreso del estado, al señalar que el recinto legislativo es “la casa del pueblo” y debe permanecer abierto a todas las voces, aun cuando existan diferencias políticas.
El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, calificó como lamentable la postura del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, al señalar que Grecia Quiroz es una ciudadana en pleno uso de sus derechos políticos y además presidenta municipal.
“Está mal el presidente, pero bueno, él está actuando a título personal, ejerciendo indebidamente las facultades que se le da como presidente de la Mesa Directiva”, afirmó Valencia Reyes, quien dijo estar en contra de esa postura y consideró que podría configurarse violencia política, al tratarse de ataques sistemáticos contra una presidenta municipal.
En el mismo sentido, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, señaló que no comparte las formas ni las decisiones unipersonales que pretendan asumirse como postura del Congreso del Estado, pues recordó que el Poder Legislativo representa la pluralidad política de Michoacán.
“No son válidas; para que el Congreso de Michoacán declare a una persona no grata debe de pasar por el Congreso”, sostuvo Ocampo, al señalar que jamás compartirá que a ciudadanos, con cargo o sin cargo, se les cierren las puertas del recinto legislativo.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano, también marcó distancia de cualquier intento de veto y sostuvo que el Congreso es un espacio abierto, donde se deben escuchar todas las voces, aunque no se esté de acuerdo con ellas.
La legisladora afirmó que cualquier expresión sobre impedir el ingreso de una persona al Congreso se hizo a título personal, y rechazó una visión de la política que busque coartar la libertad de expresión. “No se puede vetar a nadie”, remarcó.
En tanto, el diputado local del PRD, Conrado Paz Torres, señaló que si bien se pueden emprender acciones legales contra quienes hayan cometido daños o actos violentos dentro del Congreso, ello no significa que se pueda restringir el acceso a la ciudadanía ni a funcionarios públicos, pues el recinto legislativo debe mantenerse como un espacio abierto al pueblo.
