Morelia, Michoacán. Con la finalidad de actualizar la legislación en materia de violencia familiar, la diputada del PRI, Yarabí Ávila González, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, reformas a la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán, para integrar la protección de los derechos patrimoniales y económicos, además de la libertad religiosa.
En sesión del Congreso del Estado que tuvo lugar este martes, la diputada tricolor propuso que además de tutelar la integridad física, psicológica, sexual, se consideren estos elementos, al señalar que la violencia familiar es un problema de salud pública.
Ávila González destacó que entre enero y febrero de 2020 se han registrado 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, con un total de 632 víctimas, mientras que en los primeros dos meses de 2020 se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas, entre enero y febrero de 2020 se han atendido 40 mil 910 llamadas de emergencia al número 911, relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres en el país.
En esta tesitura propuso replantear la concepción que actualmente tiene la ley respecto a la relación familiar, porque se debe considerar no solo la que nazca del parentesco por consanguinidad, sino también la de adopción o afinidad de acuerdo a lo que estipule el Código Familiar para el Estado de Michoacán.
Pero además, precisó la diputada del PRI, se debe tener en cuenta la integración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, al Consejo Estatal para la Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia Familiar como órgano normativo, de apoyo, coordinación y evaluación de las acciones en la atención a la violencia familiar.
Ávila González agregó que en su propuesta, también se proyecta el promover el establecimiento Centros Integrales de atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes víctimas e impulsar un sistema de atención a víctimas de violencia familiar, dando la adecuada atención medica de conformidad la Legislación Federal y legislación local. Por lo que confió en que a la brevedad, se pueda contar con estas acciones que permitan establecer planes de trabajo y políticas públicas, para atacar las causas de la violencia familiar.
