Morelia, Mich.- Representantes de la empresa MEXIM INTERMICH, S.A. de C.V. promovieron un juicio político ante el Congreso de Michoacán en contra del presidente municipal de Coahuayana, a quien acusan de incumplir de manera sistemática resoluciones judiciales firmes durante más de una década.
De acuerdo con el escrito presentado ante la LXXVI Legislatura local, los promoventes Jorge Mariano Díaz Pérez y David Israel Díaz Pérez señalaron que el ayuntamiento ha desatendido reiteradamente un convenio judicial elevado a cosa juzgada dentro del juicio ordinario civil 983/2011, relacionado con el pago de una deuda derivada de un contrato de obra pública.
El adeudo original, reconocido por el propio Ayuntamiento de Coahuayana en 2012, ascendía a 8 millones 308 mil pesos, cantidad que debía liquidarse en un plazo máximo de 12 meses. Sin embargo, el incumplimiento dio lugar a nuevas condenas por intereses moratorios y actualizaciones, lo que elevó el monto total a más de 21 millones de pesos, según diversas sentencias interlocutorias emitidas entre 2017 y 2025.
En el documento se detalla que, aunque los tribunales han ordenado el cumplimiento de las resoluciones, la ejecución forzosa ha sido obstaculizada bajo el argumento de la inembargabilidad de los bienes municipales, prevista en la legislación local. No obstante, los promoventes sostienen que dicha figura no justifica el desacato, ya que la ley contempla mecanismos para que el Estado garantice el cumplimiento de sentencias contra los municipios.
Los solicitantes argumentan que la conducta del alcalde vulnera el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, además de transgredir el principio de supremacía constitucional al ignorar resoluciones judiciales firmes.
Por ello, solicitaron al Congreso del Estado admitir el juicio político, ordenar el procedimiento correspondiente y, en su caso, imponer sanciones que podrían incluir la destitución del cargo e inhabilitación del presidente municipal, conforme a la Constitución local y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El Congreso de Michoacán deberá determinar en las próximas semanas si admite a trámite el juicio político y da inicio al proceso legislativo correspondiente.
