En 1998, era parte de un equipo denominado “Movimiento amplio de Mujeres y Feminista de la Región Centro” en la que coordinamos una investigación que fue financiada por la Campaña El Banco Mundial en la Mira de las Mujeres, que, en ese entonces, requería analizar los impactos del “Programa de Ampliación de Cobertura” relacionado con la atención al derecho humano de las mujeres a la salud, focalizándola principalmente en la mortalidad materna infantil y qué hacer para disminuirla.
Lo que se encontró hace ya 22 años es y sigue siendo una práctica reiterada e institucionalizada, corrupta que desvía los recursos y en la que la vida de las mujeres les importa nada. Las administraciones federales, responsables de los recursos bajo este sistema neoliberal, ha logrado todo este tiempo la reducción y debilitamiento del Estado al mínimo. Para ello la estrategia de privatización, lo que ha dejado como resultado es este complejo sistema de salud devastado y en manos también de saqueadores, que “protegidos por sindicatos y autoridades”, han contribuido a su propio colapso.
Venta de medicamentos – controlados o no, por fuera de la institución, venta de plazas sin el nivel profesional requerido, saqueo y sobreventa de aparatos de asistencia médica, así como la creación de grupúsculos que se adueñaron de áreas completas incluyendo hospitales, clínicas, laboratorios, etc., generó que se tuviera que tener un familiar, conocido o conocido del conocido para que se pudiera atender a su enfermo/a, y no por derecho, como debe ser.
La Reforma del Sector Salud de ese año ya estaba en marcha y gracias a los ajustes estructurales se suponía que pondría en el centro los servicios a los “más pobres” y vulnerables de este país, pero quienes hemos transitado por este camino, vemos que el derecho a la salud es de los más deficientes y complejos.
En ese entonces, el Banco Mundial había hecho un préstamo a petición del gobierno en turno por US$ 310,000 millones, que correspondía al 70% de este Programa de Ampliación de Cobertura, ya que el gobierno de México pondría US$133.4 millones, que correspondía al 30% restante, es decir un total de US$443 millones que se emplearían para un proyecto de reestructuración total de los servicios de salud para que fueran integrales y de gratuidad universal, que sí se llevó a cabo, pero que nunca generó los beneficios que se esperaban.
Lo que sucedió es lo que ahora tenemos: un sistema de salud agónico, y que queda de manifiesto cuando hay una crisis como en esta contingencia; entonces lo que queda es obligar de alguna manera a que la gente no salga de sus casas a través del confinamiento, si bien el derecho al libre tránsito es fundamental, por el momento no puede ejercerse sin riesgos, principalmente cuando a salud y servicios se refiere.
Desafortunadamente toda esta perorata política partidista está centrada en la mezquindad y desacreditación, no para garantizar los derechos humanos de la población, porque si habláramos de lo político como sujetos/as con derechos, la salud sería un tema central y nodal siempre, así como el libre tránsito con seguridad y sin violencia.
Es evidente que las administraciones municipales, desmanteladas totalmente, no sólo de autoridad sino de gobernabilidad, de recursos y capacidades institucionales que les permitan ser funcionales ante las primeras acciones preventivas en cualquier contingencia y problema, no logran serlo. Si bien, hay preocupación legitima y profesionales siendo partícipes de la búsqueda de soluciones, lo que observamos es una práctica asistencial-clientelar enquistada y poco eficiente, incapaz de poder fomentar en la ciudadanía la conciencia de los riesgos que esta contingencia representa, justamente porque no se trabaja en ello, aunado a una serie de demandas que muchas relacionadas con los índices de marginación y vulnerabilidad, es decir de la pobreza, evidenciando que la salud, es una apuesta prioritaria pero poco redituable.
No me resulta sorprendente que los niveles de violencia sigan aumentando en los municipios y por ende en la entidad, porque la violencia no necesariamente es causal de la pobreza, como se ha venido sosteniendo en largos discursos institucionales, la violencia es parte de la dinámica económica y de sus patrones de consumo, por eso afecta a la mayoría de la población, a diferencia de la violencia contra las mujeres, la cual está también ligada a la moralización, la pertenencia y la desigualdad.
Recordemos que el derecho a la salud es indicativo de que se cuenta con un trabajo “formal”, el cual también es un derecho, y si estos dos no se tienen, ponen de manifiesto los vacíos que la política pública ha dejado de prestar atención, como son: las necesidades vitales, básicas y estratégicas, demandas legítimas y de imperativa atención, desde lo local.
Replantearse el diseño de una política pública puede ser una gran oportunidad, más si viene de la población y se reconocen sus diversas formas de organicidad social, así como la atención a los derechos humanos, por lo que es una apuesta de grandes dimensiones y de largo aliento, pero que desde hace ya algunos años se viene planteando en la Agenda 2030, centrada en objetivos de desarrollo sostenible, además de la implementación de ciertos indicadores que podrían atender la circularidad de la integralidad requerida hoy en día, ya que lo que le afecta a un niño o niña es una situación que le afectará también cuando adulto/a mayor.
Una nueva relación social se manifiesta en las rebeldías y en las prioridades, y sinceramente no creo que los gobiernos estén preparados para entender, ya conocemos la larga historia del fortalecimiento del Estado, que tampoco se tradujo en bienestar, abundancia y desarrollo.
Preocupa este diálogo de sordos, los gobiernos no escuchan ensoberbecidos, no creo que cambiemos, no todos ni todas; lo que cambiará es la forma en que nos organizamos socialmente. Las mujeres sí nos organizamos de otras maneras ante situaciones que enfrentamos no sólo desde lo local sino desde lo nacional, como los feminicidios, pero aún nos falta la feminización de la pobreza y muchas otras desigualdades que forman parte de una agenda política desde lo personal y la sexualidad, que para las autoridades resulta mejor desconocerla.
La gente sufre porque no puede y no tiene los mecanismos institucionales para expresar su enojo, su amor, su locura, sus necesidades y aportaciones, entre otros sentimientos, porque no hay interlocutor, los gobiernos están enfermos y rebasados, por lo que sugerimos que la salud mental ahora más que nunca sea parte de una política pública no sólo de salud sino parte del desarrollo y la política social; es una necesidad fundamental para entender cómo es que podemos contribuir a generar espacios ciudadanos y de paz, en donde lo vital esté cubierto y satisfecho, ante esta inminente crisis económica, que en realidad es la pandemia más cruenta que enfrentamos.
