El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que su partido mantiene gestiones con legisladores de distintas fuerzas políticas para reunir las firmas necesarias y presentar el próximo lunes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad, contra el decreto que se aprobó en días pasados para la desincorporación y venta de 37 bienes inmuebles por parte del Ejecutivo Estatal.
Valencia Reyes señaló que el tiempo es el factor más apremiante, ya que el lunes vence el plazo legal para promover el recurso, por lo que durante los próximos días continuará buscando respaldos entre diputadas y diputados locales, que votaron en contra de este decreto. “Para mí el plazo fatal es el lunes, que es cuando yo tengo hasta el lunes para presentar ante la Suprema Corte la acción”, declaró.
El dirigente priista explicó que ya compartió el documento con legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y del PAN, además de establecer contacto con el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, en un intento por consolidar los votos requeridos para formalizar el recurso.
De acuerdo con sus cálculos, ya existiría una base suficiente para avanzar, aunque todavía faltaría concretar una última firma para asegurar la presentación del recurso ante el máximo tribunal del país. “Según mis números, salvo Juan Carlos Barragán, que no me ha definido, pues ya tenemos los números para poder hacer ante la Corte presentar el lunes”, afirmó.

Valencia indicó que entre los nombres que podrían resultar clave en esta definición está el del diputado del Movimiento del Sombrero Carlos Bautista Tafolla, a quien mencionó como posible factor decisivo para completar el respaldo necesario.
Aunque en sus encuentros recientes también se abordó la posibilidad de construir una coalición rumbo a futuros procesos políticos, aclaró que en esta ocasión el tema central fue la acción de inconstitucionalidad, debido a la urgencia de los tiempos legales.
De acuerdo a la Constitución Federal, se requieren los votos de una tercera parte de los integrantes del Congreso de Michoacán para promover la acción de inconstitucionalidad, es decir, 14 votos.
El decreto aprobado por el Congreso local fue publicado en el periódico Oficial del estado el 5 de marzo, al día siguiente de su aprobación.



