Morelia, Mich.— El diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), David Martínez Gowman, integrante de la Comisión de Justicia en el Congreso de Michoacán, confirmó que el análisis del presupuesto 2026 para el Poder Judicial prácticamente llegó a su fase final y que, aunque no se contempla una ampliación extraordinaria, sí habrá un incremento vinculado a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
El legislador explicó que aún se esperan los documentos definitivos de las comisiones de Presupuesto y Programación para conocer el monto exacto, pero adelantó que el aumento solicitado obedece al arranque de la transición hacia la oralidad plena en materia civil y familiar, un proceso que deberá estar totalmente implementado a más tardar en marzo de 2027, conforme al transitorio tercero del CNPCF.
“Tenemos apenas un año para avanzar en esa reforma; el Poder Judicial ya sostiene reuniones para trazar los tiempos y, si no alcanzan, tendríamos que pedir una prórroga al Senado”, admitió.
Martínez Gowman informó que, como parte del paquete presupuestal, se prevé una asignación cercana a los 80 millones de pesos destinados a retomar y concluir la obra de Ciudad Judicial, actualmente deteriorada y con más de un año abandonada.
El diputado recordó que el proyecto quedó inconcluso en un 70% debido a conflictos entre el Poder Judicial y las empresas constructoras, situación que según dijo ya fue solucionada por la pasada presidencia del Tribunal.
“La infraestructura está vandalizada, hay fallas de agua y drenaje, pero el gobernador ya aseguró apoyo para reactivar la obra. La intención es que ahí se instalen las nuevas salas civiles y familiares orales”, expuso.
Además, señaló que el Poder Judicial analiza, junto con el municipio, trabajos para habilitar un pozo y líneas de agua y drenaje que también beneficiarían a las colonias aledañas.
El diputado explicó que el CNPCF exige adecuaciones mayores en espacios, tecnología y personal, pues se transitará hacia un modelo similar al penal acusatorio, basado en audiencias orales, digitalización y nuevas salas especializadas.
“Son dos códigos: el civil y el familiar. Es una reforma más grande que la penal, y para aquélla se necesitaron casi tres años. Ahora tenemos la mitad del tiempo”, advirtió.
El proceso de implementación será escalonado, iniciando con juicios de jurisdicción voluntaria, medidas cautelares y procedimientos civiles orales, para luego incorporar la vía ordinaria civil, de apremio y los procedimientos familiares sucesorios.
