El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, presentó en el Poder Judicial de Michoacán su iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a cuatro Leyes Federales más para ampliar los alcances de la identidad protegida en el proceso judicial a víctimas, denunciantes y testigos, con el propósito de disminuir la impunidad, que alcanza al 98% en delitos como el secuestro, extorsión, desaparición de personas y homicidio.
Reconoció que si bien la Constitución federal ya contempla la figura de identidad protegida limita sus alcances a situaciones en que exista riesgo de intimidación o amenaza, que sólo aplica a ciertos delitos y no puede ir más allá del momento en que la Fiscalía formula la acusación.
Precisó que su propuesta busca que la protección se amplíe hasta el desahogo de las pruebas que se desarrolla en el juicio oral y en todos los delitos en que el juez lo considere necesario, como ya lo expuso ante el Consejo Nacional de Seguridad.
“En diciembre pasado, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por nuestra presidenta Claudia Scheibaum Pardo, planteé personalmente reforzar la protección de identidad de las víctimas, denunciantes y testigos, para que cuando exista una necesidad justificada pueda mantenerse desde su primera intervención ante la autoridad hasta el desahogo de las pruebas dentro del juicio. Hoy damos el siguiente paso con esta propuesta de reforma procesal penal para que quien ayude a la justicia no quede desprotegido.”
Reconoció que, en el país, 9 de cada 10 delitos no se denuncian, lo que atribuyó principalmente a la desconfianza de las víctimas hacia las autoridades y el temor a una represalia por la denuncia, o a que continuar el proceso ponga en riesgo su integridad.
“De acuerdo con la encuesta nacional LENDIPE 2025, a nivel nacional cerca de nueve de cada diez delitos no fueron denunciados o no denunciaron en una investigación. Entre las razones persiste la desconfianza hacia las autoridades y el temor a las consecuencias de denuncia. Ese temor sigue presente cuando una víctima guarda silencio, un testigo decide no declarar por miedo a represalias o alguien teme que continuar en el proceso judicial pueda poner en riesgo su integridad o la de su familia”.
Aunque en el evento no se expuso la iniciativa como tal, la presidenta sustituta del Poder Judicial del estado, Laura Elena Alanís García expuso que la iniciativa plantea reformas al:
Artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículos 153 y 154 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Artículo 27 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro.
Artículo 30 y una adición del artículo 30 bis de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión.
Expuso que la reforma se construyó a partir de una realidad que “preocupa”, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, más del 65% de los mexicanos se sienten inseguros, y se denuncian sólo 9 de cada 10 delitos que se cometen, mientras que de ese reducido universo denunciado, sólo entre 5 y 7% llegan a sentencia.
“De ese porcentaje que sí es denunciado, solamente entre el 5 y el 7 por ciento llegan a una sentencia de condena. Adicionalmente a esta medición, encontramos que en los delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, desaparición de personas y homicidio, hay registro de niveles de impunidad entre el 90 y el 98 por ciento, que dentro de la métrica total de los delitos hay un índice nacional de impunidad del 93.3 por ciento.”
Explicó que la protección de las personas en riesgo, víctima, denunciante o testigo, se tendrá que hacer con mecanismos tecnológicos que permitan la distorsión de imagen, voz o cualquier elemento de identidad, así como la implementación de protocolos diseñados y aplicados directamente por las corporaciones policíacas, así como las fiscalías locales y federal, todo ello para garantizar el anonimato e integridad personal de la persona en riesgo.
La propuesta se enviará al Congreso del estado, para previo análisis, discusión y aprobación, haga uso de su atribución, para enviarla como iniciativa a las Cámaras de Diputados y Senadores, pero además el Ejecutivo la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en espera de que la haga propia del gobierno federal.
