Sin ninguna intervención o señalamiento en tribuna, pese a que se hicieron 511 observaciones preliminares, 113 recomendaciones y 3 promociones de comprobación fiscal, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la Cuenta Pública estatal correspondiente al 2022, primera que es responsabilidad total del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, ya que en 2021 sólo estuvo a cargo 3 meses.
Ante el pleno legislativo tampoco se leyó el informe elaborado por la Comisión de Presupuesto, a raíz del informe entregado por la Auditoría Superior de Michoacán, pero en el que destacó principalmente la falta de información; en el caso del Poder Ejecutivo, reporta que no se entregó el informe de Flujo de Fondos que resume todas las operaciones realizadas, ni de los indicadores de resultados o los estudios actuariales.
Señala que no hay claridad en el rubro de efectivo y equivalentes, que no coinciden con el dato que refleja el Estado de Situación Financiera, tampoco hay información sobre la factibilidad de pago de los pasivos Cuentas y Documentos por Pagar, ni de la conciliación de Flujos de Efectivo Netos o las cuentas de orden presupuestarias.
Al legislativo, le observa que no incluyó los formatos de las conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y los contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables; ni siquiera informó de la relación de Bienes Muebles ni la de Bienes Inmueble, tampoco la relación de las cuentas bancarias.
En tanto, el Poder Judicial omitió también la información de las Cuentas Bancarias Específicas, no entregó tampoco documentación comprobatoria del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado.
Sin embargo, el presidente de la comisión de Presupuesto, responsable de la dictaminación, Marco Polo Aguirre Chávez consideró que la información remitida por el auditor Marco Bravo Pantoja, contempló los requerimientos de información que hicieron los diputados y se cumplió con el plan de Fiscalización, por lo que determinación aprobar el documento, cuando en otros años se había optado por considerarlo solo “fiscalizado”.
“Lo que pasaba es que las auditorías, o no las concluían o no las llevaban a cabo o no nos informaban, y ese era el tema polémico, porque decías, ¿cómo podemos aprobar o reprobar una cuenta pública si no vienen las auditorías que vienen mandatadas? Pero ahora vienen todas las auditorías que se mandataron y viene con sus informes respectivos, algunos temas graves no vienen porque se afectaría el debido proceso”.
También integrante de la comisión dictaminadora, la perredista Julieta Gallardo Mora, consideró que no hubo hallazgos importantes, por lo que acordaron aprobarla.
Sin embargo, adelantó que esperan llamar a comparecer a una serie de funcionarios, luego de que falta información del destino que tuvieron los recursos ejercidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
“Programas como las biofábricas no quedó claro en qué municipios están, quiénes son los responsables, cómo van a operar, es un tema muy importante; también el otro programa que se llevó a cabo en cuanto a la entrega de fertilizante, otra tema fue el de los paquetes familiares, cuántas personas y familias que se beneficiaron, quedaron que a la brevedad se llevaría al secretario de SADER para que informe”.
De acuerdo al dictamen no se localizó la información financiera de 7 paraestatales, Zoológico Benito Juárez, Junta de Asistencia Privada, Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Instituto de la Juventud Michoacana, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Servicios de Salud, Fideicomiso para el Desarrollo Forestal, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, así como la Universidad Tecnológica de Morelia.
A la sesión plenaria solo asistieron 25 diputados.
