Con 72 votos a favor de Morena, junto con sus aliados PT, PVEM y el Partido Encuentro Solidario (PES), y 50 en contra del PAN, PRI, MC, PRD y el Grupo Plural, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el denominado Plan B de la reforma electoral.
En el documento, no se aprobó la denominada cláusula de vida eterna para los partidos políticos, que se establecía en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por considerarlo inconstitucional.
Sin embargo, el resto del proyecto -que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobado por ambas cámaras, será remitido al Ejecutivo federal para su publicación.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que, con base en el artículo 72 constitucional, se determinó que todos los artículos que componen la minuta, no podían ser materia del análisis por parte de esta Cámara, ya que había culminado el procedimiento legislativo para su discusión y aprobación en el mes de diciembre del 2022.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Rafael Espino de la Peña, dijo que de conformidad con algunos precedentes judiciales vigentes, no se puede estar de acuerdo con la transferencia de votos o cláusula de vida eterna.
Posteriormente, en tribuna, el senador Noé Castañón y la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, de Movimiento Ciudadano; las senadoras Josefina Vázquez Mota, Nadia Navarro Acevedo y el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN; y la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, presentaron votos particulares en contra del dictamen.
En sus exposiciones, las y los senadores puntualizaron que la reforma electoral es una violación a la democracia y a la Constitución mexicana, además de que representa el camino hacia un autoritarismo que amenaza el avance de la participación política de todas y todos en el país.
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