Entre críticas del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, el Congreso de Michoacán aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado, al Servicio de las Víctimas del Delito, que sustituye a la vigente desde 2019 y que establece una nueva conformación para dicho organismo.
Legisladores de oposición criticaron que el documento se apruebe apenas 17 días después de que fue presentada por el fiscal, Carlos Torres Piña, cuando hay iniciativas que tienen meses en espera en la Comisión de Justicia.
El priista Guillermo Valencia criticó que el dictamen se les haya turnado un día antes, sin posibilidad de hacer alguna aportación, pese al entorno de violencia que vive el estado, que fue el primer lugar en homicidios dolosos el domingo pasado y este martes fue segundo luego de Guanajuato.
“En este contexto nos obliga a legislar con absoluta responsabilidad, quiero reiterar que tengo plena confianza en la capacidad de quien encabeza la Fiscalía General del estado, pero no le ayudan quienes al vapor quieren sacar las cosas, a la carrera, a prisa. He visto yo declaraciones de diputados, con mucho respeto, diputados de Morena que se quejan del rezago que hay en la Comisión de Justica, no dictaminan iniciativas que tienen meses, y eso lo sacan a la carrera, ¿no creen que es una mala señal?”.
En defensa, a nombre de la Representación Parlamentaria, Eréndira Isauro Hernández expuso que la nueva Ley busca hacer más eficiente la procuración de justicia, con el uso de la tecnología para realizar las denuncias ciudadanas, aunque reconoció que la norma puede tener deficiencias
La morenista Belinda Iturbide Díaz respaldó también la nueva Ley Orgánica, al señalar que el diseño de la Fiscalía ya no responde a las necesidades actuales.
“El desempeño reciente de la Fiscalía General del estado muestra avances importantes, pero también evidencia los límites de un modelo que ya no responde a la complejidad de la criminalidad ni a las expectativas ciudadanas de Justicia, en el año 2024 se iniciaron 49 mil 404, prácticamente la misma de hace 5 años, mientras las carpetas judicializadas incrementaron 149%”.
Con la nueva ley orgánica se crean 5 vicefiscalías: de operaciones y coordinación territorial que se integrará por 10 fiscalías regionales; de Delitos de Alto Impacto, formada a su vez por Fiscalías Especializadas; de Derechos Humanos, de Inteligencia e Investigación Criminal y de Control Interno.
Se crea la Unidad de Inteligencia Financiera y Ciberseguridad, que tendrá como facultad generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial; así como una unidad de combate a la corrupción en procesos judiciales.
Al respecto, la panista Vanessa Caratachea Sánchez consideró que el documento tiene errores jurídicos y técnicos que no se detectaron por la premura de aprobarlo; denunció que tiene “visos de inconstitucionalidad”, invasión de competencias y a la privacidad, así como reconocimiento irregular de cuerpos comunales
“Hablan del Poder Judicial y existe una invasión de competencias, porque en el artículo 11 propiamente de este dictamen, que da a la Fiscalía la atribución para identificar actos de corrupción judicial y emitir informes públicos sobre jueces, y el fundamento de inconstitucionalidad sobre eso, es que para eso crearon la Reforma Judicial y por eso crearon el Tribunal de Disciplina Judicial”.
La coordinadora panista, Teresita Herrera Maldonado, denunció que por las prisas se olvidaron de establecer la designación paritaria de los puestos y tampoco contemplaron la Fiscalía de Feminicidios, que es obligatoria.
El morenista Juan Carlos Barragán manifestó su respaldo a la nueva Ley Orgánica, al señalar que el sistema estatal no funciona, y prueba de ello, es que de acuerdo a cifras oficiales, de 49 mil carpetas de investigación que se abren al año, solo 10% se judicializa y que se denuncian 10 de cada 100 delitos, de tal manera que 500 mil no llegan a carpeta.
El Congreso del estado aprobó diversas reservas, una, para establecer la paridad al momento de asignar a los titulares de las Fiscalías, otra para sea obligatoria la orden judicial para acceder a información reservada, patrimonial o fiscal y para que los controles de confianza se apliquen conforme a la norma.
Votaron a favor 33 diputados de Morena, PT, PVEM, MC, Representación Parlamentaria y PRD; en contra 2 del PRI y 3 de PAN; no asistieron: el panista José Antonio Salas Valencia y de la Representación Belinda Hurtado Marín.
