Al corte del 31 de marzo, Michoacán reporta una deuda de corto y largo plazo de 25 mil 625 millones de pesos 791 mil 481 pesos, de las cuales, 19 mil 309 millones son de largo plazo y 4 mil 543 millones de corto, lo que representa una disminución de 845 mdp en relación al 31 de diciembre del 2023, cuando el total era de 26 mil 470 millones.
De acuerdo al informe de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al primer trimestre del año en curso, entre el 31 de diciembre del 2023 y 31 de marzo del 2024, el gobierno estatal contrató 2 mil millones de pesos, al hacer uso del derecho que le otorga la Ley de Disciplina financiera que permite contratar hasta el 6% del presupuesto estatal en créditos quirografarios, con la condición de que deben ser pagados a más tardar 3 meses antes de que concluya la administración.
En el documento, se precisa que desde junio del 2021 y al 31 de marzo del 2024, el Banco de México (Banxico) ha establecido 14 veces un incremento en la tasa objetivo, lo que ha generado a su vez un aumento a la tasa de referencia que se establece en la mayoría de los financiamientos para el cálculo de la tasa de interés ordinarios, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio o TIIE, que pasó de 4% en junio del 2021 al 11% al 31 de marzo del 2024, es decir, un aumento del 175%
En informe señala que esto “obliga al gobierno del estado a otorgar observancia y los ajustes presupuestales necesarios para no incurrir en un posible incumplimiento de las citadas obligaciones, ya que derivaría en sanciones y penalizaciones de índole económico, al grado máximo de vencimiento anticipados del saldo insoluto de los créditos. “
No obstante, precisa que el gobierno estatal logró refrendar el resultado positivo obtenido en las mediciones de los indicadores, conforme el sistema de alertas realizado y publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde Michoacán mantuvo un resultado de endeudamiento sostenible (semáforo verde).
Esto significa que el estado cuenta con un techo de financiamiento neto por hasta el 15% de los ingresos de libre disposición autorizado en la ley y que es solvente para hacer frente al pago de sus obligaciones derivadas de la deuda pública
